14 de November de 2011 00:21

Las demandas laborales colectivas son su fuerte

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El puente con los sindicatos, a mediados de la década de los setenta, fue su participación como baterista de las orquestas Falconí Juniors y Los Halcones, en Guayaquil.

Joaquín Viteri Llanga, originario de Riobamba, tocaba la batería en la estudiantina del Colegio Pedro Vicente Maldonado, de esa ciudad andina. Luego de graduarse encontró en la música un medio para subsistir y estudiar Derecho en la Universidad Estatal del Puerto Principal.

Cuenta que en aquella época ya participó en el Sindicato Nacional de Músicos, pero su nexo con los servidores públicos fue en 1981, en la negociación del contrato colectivo de los empleados de correos, cuando comenzaba otra era democrática en el país.

Viteri recuerda dos períodos de alta conflictividad en el sector desde el regreso a la democracia. El primero, durante el Gobierno del presidente Rodrigo Borja (1988 - 1992), abrió la puerta a la flexibilización laboral, mediante una reforma al Código de Trabajo conocida como la Ley 133, publicada en el Registro Oficial en noviembre de 1991.

Con esa reforma, sostiene Viteri, perdieron fuerza varios sindicatos y fue una vía de despidos de decenas de trabajadores, sobre todo privados, por la creación de empresas tercerizadoras.

Una segunda etapa fue la expedición de la Ley de Modernización, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, cuando se creó la figura de la compra de renuncias.

Aunque reconoce que bajo esa normativa varios funcionarios salieron legalmente, “en esos años hubo supresiones de puestos, bajo el discurso de reducir el tamaño del Estado. Pero esos puestos fueron cubiertos con nuevos funcionarios, similar a lo que sucede hoy con las destituciones de funcionarios del sector público”.

La demostración de ese hecho permitió a Viteri ganar un juicio a favor de 40 auditores del IESS, a finales de los 90, quienes fueron restituidos en sus cargos.

En su oficina actual, en la calle Clemente Ponce, contigua al Ministerio de Relaciones Laborales, representa actualmente a 200 funcionarios, en su mayoría del Banco de Fomento, destituidos bajo la figura de renuncia obligatoria, a la que considera “ilegal”.

En la misma línea aparece el abogado y político Julio César Trujillo, doctor en Jurisprudencia y vinculado con sindicatos durante 50 años. En su despacho de la Universidad Andina, donde no exhibe ni siquiera su título universitario porque solo le gusta andar “con los papeles mínimos”, dice que se involucró con los trabajadores pocos años después de graduarse de la Universidad Católica de Quito.

Comenzó trabajando del lado de las empresas petroleras Shell y Gulf a principios de los sesenta. Pero en un juicio enfrentó a un grupo de empleados que perdieron porque estaban mal defendidos, pese a que sus derechos habían sido vulnerados.

Esa experiencia le motivó a relacionarse con las organizaciones laborales. No recuerda el número de causas que ha representado pero cree que ha representado a miles de trabajadores.

Dice que muchas veces las mismas indemnizaciones entregadas a los despedidos causan más problemas que beneficios.

Un ejemplo: en la compra de renuncias en la época de Durán Ballén, muchos profesionales se lanzaron a comprar taxis con el dinero recibido, y otros lo perdieron en el mercado financiero informal, tentados por altos intereses, o presa de otras estafas.

La última oleada de separaciones en el sector público no le causa sorpresas. Dice que es muy común entre los gobiernos disfrazar los despidos bajo el discurso de una supuesta reestructuración del Estado, que nunca llega porque al final del día los puestos son ocupados por otros funcionarios, más afines al Régimen.

La estrategia es esperar a que pase el Gobierno de turno porque ese tipo de casos lleva varios años en los juzgados y al final ganan los empleados.

“Hace poco ganamos la sentencia de un servidor que salió injustamente en la época de Lucio Gutiérrez. Se le restituyó en su antiguo cargo e indemnizó con siete años de salarios no percibidos”.

Trujillo ahora representa a decenas de empleados públicos del Ministerio de Salud y de la Agencia de Hidrocarburos que fueron separados últimamente.

Para Hernán Rivadeneira, abogado y dirigente sindical desde 1976, que ha representado a más de 10 000 trabajadores en conflictos laborales, la figura de renuncia obligatoria es nula porque los servidores públicos no pueden, por principio constitucional, renunciar al derecho al trabajo sin mediar su voluntad.

Hoy representa a cerca de 40 empleados del Ministerio de Finanzas que también fueron separados de sus puestos en este año.

Alfredo Borja, abogado sindical por más de 37 años, asesora actualmente a varios sindicatos. Coincide en la ilegalidad de la renuncia voluntaria. Pero, además, sostiene que en el actual Régimen lo que más se ha vulnerado en el sector público es el principio de contratación colectiva.

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