8 de June de 2010 00:00

La demanda contra el Pacific se reactivó en mayo pasado

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El Pacific National Bank no ha podido desechar de forma definitiva la demanda que interpuso el ex presidente de la Junta Directiva, Carl Wolf.

Este banquero de 61 años ingresó al banco con sede en Miami, en diciembre del 2005, como jefe financiero. En febrero del 2007 ascendió a la Presidencia.

Su permanencia en la subsidiaria del Banco del Pacífico de Ecuador no fue tan larga como en Dresdner Bank, donde laboró 26 años. El 21 de mayo del 2008, los miembros de la Junta Directiva -que él mismo había contratado- votaron a favor de su despido.Días antes de su salida denunció al ente regulador, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), que Andrés Baquerizo, presidente del Banco del Pacífico, le presionó para que permitiera cosas que iban en contra de las leyes de Estados Unidos.

Desempleado y sin respuestas claras sobre su despido, Wolf resolvió demandar al Banco ante la Corte Estatal de Miami, el 29 de octubre del 2008. La querella fue desestimada en esta instancia, pero Gary Costales, su abogado, la volvió a presentar en la Corte Federal el 8 de junio del 2009. Y el pasado 3 de mayo, el caso se reactivó (ver nota adjunta).

Wolf llevaba adelante un proceso para cerrar cuentas bancarias que carecían de respaldos, lo cual exigía la OCC para mejorar el control del lavado de activos.

Al menos 4 600 cuentas fueron cerradas, pero esto no agradó a Baquerizo, quien -según dice- le exigía que las reabriera. Entre estas cuentas estaba la de Cassia Delgado, prima del presidente Rafael Correa y quien fue su secretaria particular hasta el 2008.

Ella había hecho un depósito inusual de USD 25 000 en diciembre del 2007, pero no entregó sustentos de esa transacción.

Luego de conocerse la demanda de Wolf, Delgado explicó a la prensa que los dineros provenían de su salario y de viáticos, los que estaba ahorrando para comprar una casa. Mientras trabajó en la Presidencia (2007) realizó 11 viajes a 13 países por 52 días y recibió USD 17 537,8 por viáticos.

Según Delgado, su cuenta en el PNB desde la crisis financiera de 1999 era de USD 8 000, producto de “su trabajo”. Y cuando laboró en la Presidencia, sus honorarios eran similares a los de un ministro de Estado (USD 4 800 más el bono de residencia de USD 500 y viáticos).

Según la demanda de Wolf, a más de la reapertura de cuentas Baquerizo le exigió que le pague “debajo de la mesa” USD 8 000, ya que el Mandato 2 establece que en el sector público nadie puede ganar más de 25 salarios básicos unificados (USD 4 500).

Este Diario le solicitó a Baquerizo su versión sobre estas denuncias, pero no hubo respuesta. En una conversación, el 4 de marzo pasado, señaló que no se podía pronunciar porque el caso estaba dentro de un proceso judicial.

El 29 de abril del 2009, el presidente Correa, mediante Decreto Ejecutivo 1688, fijó los sueldos del presidente y vicepresidente del Pacífico en USD 15 000 y USD 12 000, respectivamente.

Esta fijación se amparó en el art. 4 del Mandato 2, que establece que el Presidente -por excepción- definirá cargos, modalidades, plazos y montos de las remuneraciones de funcionarios que por razones de interés público deban percibir una remuneración mayor.

En la denuncia de Wolf también se incluyó que Baquerizo le pidió que contratara a Luis Wilfrido Villacís Guillén, quien fue gerente de la ex Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) en la debacle bancaria de 1999.

Este abogado era requerido por la justicia ecuatoriana, pues sobre él pesan tres juicios interpuestos en el 2001 y uno de ellos por peculado (mal uso de fondos públicos). Baquerizo le decía que estaba bajo la presión de un funcionario del Gobierno de Ecuador para que el PNB contratara a Villacís y que él era “solo el mensajero”, explicó Wolf. Además, que había tratado de ubicar a Villacís en un puesto en la Embajada de Ecuador, pero que ahí no podían contratarlo.

Además, que le propuso que contratara a Villacís a través de una compañía tercerizadora.

Villacís fue detenido por las autoridades estadounidenses el 10 de noviembre del 2004, por haberse quedado más tiempo del permitido en su visa.

En el proceso alegó ser perseguido político de Ecuador para no ser deportado, lo cual fue rechazado por la jueza Marcia Cooke, el 30 de junio del 2005.

La solicitud de asilo que había realizado a ese país también fue negada. No se conoce en dónde se encuentra actualmente.

El 4 de julio del 2008, casi dos meses después del despido de Wolf y sin que primero se demuestre la inocencia de Villacís, la Asamblea Constituyente resolvió darle la amnistía.

Con 67 votos a favor, 12 en contra y 17 abstenciones, el perdón y olvido constitucional también se extendieron a otros dos ex gerentes de la AGD, Carlos Arboleda y Wilma Salgado. Correa, en su cadena radial del 5 de julio, indicó que las solicitudes de amnistía se realizaron por convicción, pues fueron injustamente perseguidos por grupos de poder.

La Corte Federal determinará si estos hechos ameritan o no desestimar la demanda de Wolf.

El caso está en la Corte Federal

La demanda presentada por Carl Wolf se desestimó en la Corte Estatal de Miami el 7 de mayo del 2009. Sin embargo, Gary Costales, abogado de Wolf, la volvió a presentar el 8 de junio del año pasado en la Corte Federal.

Con esto buscó incluir en su defensa un artículo federal que señala que si alguien reporta o tiene una objeción de algo ilegal no puede ser despedido.

Ante esta acción, el bufete Broad & Cassel, que defiende al banco, solicitó que Wolf pagara todos los gastos legales en que incurrió la entidad mientras el caso estaba en la Corte Estatal. Según los documentos oficiales, solicitó más de USD 20 000.

Pero el juez determinó que se cancelen USD 5 332, que fueron pagados el 22 de abril pasado, a través del Banco Wachovia.

En las siguientes semanas, el banco deberá presentar documentación e información, con lo cual se tratará de comprobar las presiones a las que hace referencia Wolf y que, según señala, se evidencian en correos, documentos y testigos que serán llamados a declarar bajo juramento.

Este Diario envío un cuestionario sobre el tema a Mark Raymond y Patricia Baloyra, abogados de Broad & Cassel, pero no recibió una respuesta.

Costales señaló que hasta ahora no han presentado a la corte cuáles fueron las razones por las que se despidió a su cliente.

En el enlace radial 124 de los sábados, el presidente Correa dijo que a “ese señor lo botaron por incompetente”. Sin embargo, en marzo del 2008, dos meses antes de que fuera despedido, recibió un bono de USD 95 000 y un aumento de sueldo de USD 65 000 anual, por sus logros.

Además, Wolf dijo que antes de ser despedido contrató a Raymond para que redactara su contrato y él sabía de las presiones de Baquerizo, por lo que el jurado deberá determinar si es un testigo esencial y si puede actuar como defensor del banco. También si a Wolf se le reconocerá el sueldo por los meses que está sin trabajo.

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