14 de November de 2011 00:04

Los defensores de los empleados despedidos arman su estrategia

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La compra masiva de 2 700 renuncias obligatorias en el sector público, que tomó fuerza el pasado 28 de octubre, movilizó a las federaciones de servidores públicos y a los sindicatos del país, los cuales buscan armar una defensa legal ante la arremetida del Gobierno.

La respuesta será igualmente masiva, con impugnaciones ante las autoridades de los diferentes ministerios y entidades públicas que autorizaron la salida de los funcionarios públicos.

Si los anterior no funciona, el siguiente paso será la presentación de recursos de amparo ante los jueces del país, lo cual también será de forma colectiva.

Paralelamente, ya se han presentado tres demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 813, de julio pasado, el cual viabiliza la compra de renuncias ‘obligatorias’, una figura que ha sido cuestionada.

La Corte Constitucional deberá resolver estas demandas, pero todavía no se ha pronunciado, aunque ya comenzó su análisis.

Hernán Rivadeneira, quien fue vocal del Tribunal Constitucional entre 1998 y el 2002 y que está vinculado al Partido Socialista, asesora actualmente a las centrales sindicales del país.

Él participó en la defensa de 550 trabajadores de Petroecuador, quienes recibieron el visto bueno por un supuesto conflicto de intereses, al tener acciones en la compañía Gaspetsa. Luego de un año de litigio, 300 empleados fueron restituidos en sus funciones por un acuerdo con las autoridades de la petrolera estatal.

Otros abogados están organizando a los funcionarios destituidos para representarlos y presentar las acciones legales antes autoridades del Gobierno y jueces.

Incluso se prevé formar grupos de abogados en Quito, Guayaquil y Cuenca para presentar acciones conjuntas, dijo el abogado Joaquín Viteri, quien ya ha presentado una impugnación a las autoridades del Banco Nacional de Fomento, por la destitución de un grupo de 80 funcionarios.

Por su parte, los trabajadores separados en la Gobernación de Loja también arman un reclamo masivo por la forma en que fueron separados de sus cargos: con resguardo policial y sin entregar resultados de las evaluaciones. Ahí, 112 funcionarios que tenían nombramiento salieron de la Gobernación, quedando apenas cinco trabajadores con contrato.

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