Una vez finalizados los análisis de la banca cerrada, de los años 1998 y 1999, el presidente del Directorio del Banco Central, Diego Borja, empezó con el proceso de recuperación del dinero.
En su primer paso en ese sentido, Borja exhortó públicamente al fiscal General de la Nación, Washington Pesántez, para que impulse los procesos de determinación de culpables de este hecho que lleva 11 años sin solución.
Las primeras cuatro empresas investigadas por posible quiebra fraudulenta son Costa Trading, que adeuda USD 28 millones al Estado, Induconsorcio (USD 17,3 millones), Euroforte (USD 13,3 millones) y Cagliari (USD 11,8 millones. Todas ellas vinculadas con el Banco del Progreso.
“Queremos que la Fiscalía determine qué tipo de quiebra se dio para continuar con el proceso. Si fue fraudulenta, los responsables pueden ir a la cárcel entre 3 y 6 años”.
Finalmente, Borja señaló que son más de 100 empresas las que están en observación.