22 de April de 2011 00:00

Cuatro empresas litigan con ex obreros

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Los conflictos legales que mantienen ex trabajadores de cuatro empresas, por el pago de utilidades atrasadas y reliquidaciones, tienen en alerta a los empresarios.

Ahora temen que sus ex colaboradores pudieran iniciar demandas laborales aunque ya hayan prescrito los reclamos.

Ese fue el mensaje que se dio en el conversatorio sobre Inseguridad Jurídica : ¿Sus trabajadores lo pueden demandar? Ahí expusieron Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil; Eduardo Peña, presidente de la Cámara de Comercio; y Walter Spurrier, analista económico. Al acto acudieron unos 200 invitados, quienes conocieron los detalles de los cuatro procesos que se ventilan en los juzgados.

Se trata de los litigios laborales que mantienen las empresas privadas Holcim, Cervecería Nacional (CN), y las entidades públicas como el Municipio y la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG). El contingente por los reclamos asciende a USD 527,8 millones.

La preocupación empresarial aumenta porque en la Subsecretaría de Relaciones Laborales hay más reclamos en carpeta.

Nebot sostuvo que los cuatro casos que se disputan no son hechos aislados sino que son parte de “un plan mafioso” que va más allá de las ideologías y de la política. “Se pretende desvalijar a las empresas privadas y públicas usando a jueces, abogados y grupos corruptos para que paguen por los reclamos. Los ex trabajadores ahora abusan con una serie de recursos legales y, en complot con los jueces, pretenden explotar a las empresas privadas”.

Según Peña, hay una lista de demandas laborales que ya se analiza en el Ministerio de Relaciones Laborales y que son organizadas por un grupo de abogados y jueces. “Hoy, las compañías valen menos porque tienen pasivos laborables. Si no prescriben los derechos laborales hoy me pueden demandar y pedirme dinero”.

Por eso Spurrier, señala que, de prevalecer las demandas, hay la posibilidad que importantes empresas cierren sus puertas. “El conflicto laboral trascenderá las cortes y se extenderá a las calles”.

De ahí que Nebot recomienda a los empresarios que procedan con la ley pero acompañados de medidas no ortodoxas para enfrentar a esos grupos. “Si ellos (jueces y abogados) no le temen a la ley sí le tendrán que temer al pueblo que son los empresarios y empleados”.

Los representantes de la Cervecería Nacional también acudieron al acto. Gonzalo Noboa, procurador jurídico de la CN, aprovechó la reunión para insistir que no acatará la decisión del juez sobre pagar las utilidades.

Henry Kronfle, presidente de la Cámara de Industria de Guayaquil, dijo que si se aplicaran estas medidas los más afectados serían los empleados, que ya no tendrán sus puestos de trabajo porque se cerrarán los negocios y empresas.

Los casos que están en litigio

El Municipio, a través de la empresa Ecapag, fue demandada por 226 ex obreros que reclamaban sus reliquidaciones. El monto es de USD 300 millones. El reclamo de 116 ex empleados fue analizado por el juez duodécimo de lo Civil del Guayas, Pedro Iriarte. Y el resto de reclamos, por el juez transitorio del XI Juzgado Civil de Guayaquil, Wilson Luque.

En el 2007 se dio un reclamo de ex trabajadores de tercerizadores contra Holcim . Ahí, el ministro de Trabajo, Antonio Gagliardo, ordenó a Holcim depositar en el Banco Central el monto del reclamo: USD 31,8 millones para los ex obreros perjudicados. El litigio continúa en los juzgados.

La Cervecería mantiene un litigio laboral con 1 200 ex trabajadores que exigen el pago de utilidades por 15 años. La demanda llega a los USD 90,9 millones y el juez que ordenó el pago es Pedro Iriarte. Los ex obreros trabajaban tercerizados y fueron liquidados conforme a la ley de ese entonces, según representantes de la CN.

La Autoridad Portuaria de Guayaquil también enfrenta un reclamo de 110 ex empleados por una reliquidación de USD 105,1 millones. El caso se encuentra en la Corte Constitucional y la APG presentó una acción extraordinaria de protección para evitar el pago o embargo de sus cuentas. El reclamo tiene ya 10 años.

Ex trabajadores se agrupan

Los ex trabajadores de la Cervecería Nacional esperan el pago de sus utilidades. El martes 19 de abril, el juez duodécimo de lo Civil del Guayas, Pedro Iriarte dispuso que se cancele en 48 horas los USD 90,9 millones en una cuenta del Banco Central, por orden del Director Regional del Trabajo.

Arturo Cervantes, representante de los ex obreros, dijo que no hay inseguridad jurídica. Las empresas afectadas no cumplieron con la ley en esos años y la Cervecería no pagó las utilidades. “Ellos mismos crearon esa inseguridad. Además no han prescrito los reclamos, ya que había trabajadores que todavía seguían laborando”.

Según Cervantes, la medida es la correcta, así como la que se aplicó a los banqueros que estafaron a sus depositantes. Los ex colaboradores de otras empresas ya formaron la Coordinadora de Trabajadores en Conflicto.

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