El empleo en la construcción, en riesgo

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Santiago Ayala S. Coordinador

El sector de la construcción en el país empezó a vivir su tercera semana de incertidumbre, tras las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, en diciembre del año pasado, que regula las actividades inmobiliarias.

Entre otros aspectos, la normativa impide a los promotores y constructores recibir dinero por anticipado de los clientes, si es que el proyecto no cuenta con todas las autorizaciones de las autoridades.

Para el titular de la Cámara de la Industria de la Construcción, Hérmel Flores, el mayor problema es que obtener todas las autorizaciones previas demora alrededor de un año, por lo menos. Y eso limitaría la velocidad de edificación.

Por ello es que Jaime Rumbea, director de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador, insiste en que la Superintendencia socialice la normativa y explique su alcance. "Visto así, el negocio constructor se paralizaría en todo el país".

Y, por tanto, ambos alertan sobre los impactos directos en el empleo, directo e indirecto. "La disminución del número de proyectos hará que las plazas de trabajo se reduzcan. El sector constructor tiene un gran engranaje con el resto de sectores productivos: comunicaciones, alimentación, financiero, cementero, equipamiento, materiales, etc.", dice Flores.

Y explica que si solo se estimara que los empleos directos generan el doble de indirectos, una desaceleración o paralización de las actividades constructoras pegarían de lleno a más de 1,5 millones de familias en todo el país.

Si las estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de que cada empleo director en el sector constructor genera cinco empleos indirectos, la cifra sería más elevada.

De ahí que varios constructores se han visto en la obligación ya de paralizar el lanzamiento de proyectos para este año, hasta conocer exactamente qué va a suceder con las resoluciones.

Aunque ellos prefieren que cualquier comentario lo hagan los representantes gremiales, comentan algunos casos que ya están ocurriendo en estos momentos. Francisco F. señala que tenía previsto lanzar tres proyectos para este año, lo cual daría empleo a entre 200 y 300 personas, en cada uno.

Aún se encuentra en proceso de sacar los permisos, pero, en caso de que la normativa efectivamente se aplique, seguramente no alcanzará a construir sino uno de los tres planes.

"A eso se debe sumar que debo encontrar financiamiento previo, porque no puedo cobrar antes de los proyectos, por tanto, veo bien complicada la situación", asegura.

Lo mismo señala la ingeniera Diana M., quien explica que otro problema es que no se puede entregar un proyecto por etapas ni por casa concluida. "Entonces, ya tengo construido un bloque pero no puedo entregarlo hasta acabar todo. Eso, además de impedir que un cliente ocupe la vivienda terminada, limitará la utilización de mano de obra".

En el caso de los promotores la situación es más complicada en la actualidad. Fernando G. afirma que los constructores han parado la promoción de planes inmobiliarios ya que no saben qué pasará. "Nos han dicho que esperemos. Y no podemos vender. Y si no vendemos, no ganamos y, por tanto, no podré pagar a todos mis cinco empleados, tendré que recortar si esto sigue".

Es por esa razón que los últimos días han sido ajetreados para los miembros del sector. De hecho, hoy, los principales dirigentes gremiales prevén reunirse en el Cabildo quiteño para coordinar, con el Municipio, una propuesta para la Superintendencia.

Flores señala que insistirán en que se permita realizar las ventas anticipadas entes de tener la licencia y los permisos. Aunque están de acuerdo en que esa captación se sujete a asegurar el dinero de los clientes, bajo un mecanismo que podría ser un encargo fiduciario, una póliza de segur o, incluso, una garantía bancaria.

"Estamos de acuerdo que el manejo de estos dineros se lo entregue a un tercero. Y sería bueno una póliza de seguro. De esta forma, en el supuesto caso de que haya un incumplimiento, sería la aseguradora la que devuelva el dinero".

En el país y, en general en todo el mundo, el sector de la construcción es un termómetro de cómo avanza la economía. Rumbea afirma que en el 2013, pese a que se estima que cerró con una tasa menor a 10%, el crecimiento todavía es considerable. De ahí que llama a las autoridades a evitar que este brazo se atrofie.

Por su lado, la Superintendencia no ha respondido, pese al pedido de este Diario.

Punto de vista
'El freno a la importación afecta'
José Centeno. Presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil

Otro problema que se cierne sobre el sector de la construcción en el país es la restricción a las importaciones de bombas de agua, válvulas y generadores utilizados en la actividad. Nos preocupa en gran medida porque afectaría a los proyectos constructivos que se están ejecutando en el país. La aplicación de tal medida afecta las obras existentes, que van desde el suministro de servicios básicos como el agua potable, el saneamiento y desecho de residuos, hasta el equipamiento de sistemas contra incendios. Tales normativas -que no dan un plazo para su cumplimiento-, por no existir fabricación nacional de estos productos, tienen que ser revisadas y eliminarse su vigencia, que ya pesa sobre los mencionados equipos.

Las cifras

  • USD 9 833 millones fue el PIB de la construcción durante el 2012.
  • 10% anual ha sido el crecimiento promedio en los últimos siete años.
  • 10% es el aporte del sector de la construcción al total de la economía.
  • USD 1 350 millones en hipotecarios entregaron los sectores público y privado en el 2012.
  • USD 2 962 millones en hipotecarios entregó el Biess entre octubre 2010 y noviembre 2013.
  • 530 000 empleos directos se registraron en el sector en todo el país, el año pasado.
  • de 3 a 5 empleos indirectos  se generan por cada empleo directo.
  • USD 45 000 FUE el precio promedio de una vivienda en el Ecuador, al 2013.
  • 5% al año es el aumento de precios de la vivienda, mayor a la inflación.
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