El proyecto de Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital llega este 22 de marzo a segundo debate con cambios al proyecto original.
El segundo informe, trabajado por la Comisión de Desarrollo Económico, hizo cambios básicamente en las Alianzas Público Privadas (APP), uno de los cinco pilares del proyecto. Los otros cuatro son mercado de valores, zonas francas, sector financiero y transformación digital.
La idea, según la asambleísta de Izquierda Democrática (ID), Wilma Andrade, es poner ‘candados’ para evitar la privatización. Por eso se estableció que los diversos contratos de APP garantizarán la propiedad del Estado sobre el activo. También se mantendrá la gratuidad de servicios públicos en la gestión privada. Asimismo, la delegación de proyectos en sectores estratégicos se hará de forma excepcional.
Alberto Acosta Burneo, analista económico, considera que es necesario contar con una reforma que garantice la llegada de inversiones, ya que el Estado “no cuenta con los recursos suficientes”. La Comisión es consciente de ello y, por eso, ha pulido la propuesta.
A la par de las reformas, el Parlamento eliminó algunos artículos por considerar que no guardan relación al tema de inversión. Juan Pablo Jaramillo, asesor de Estratego Consulting, señaló que a través de reformas en el Código Monetario y Financiero se buscaba dar más facilidades y beneficios al sector financiero. Por ejemplo, la propuesta original cambiaba el parámetro para que accionistas con influencia en la banca puedan invertir más en otros sectores económicos. “La idea de eliminar este artículo es evitar el conflicto de intereses”, dijo.
Otros cambios se hicieron, según la Comisión, por vulnerar derechos ciudadanos. Por ejemplo, en el caso de las aseguradoras, las empresas tenían tres días para que la póliza entre en vigencia, pero con el proyecto de ley se ampliaba a 30 días. Además, se corría el riesgo de limitar la cobertura de un seguro en caso de retrasos en los pagos. Esto se eliminó.
Además, se quitó la propuesta de transferir “obligatoriamente al Presupuesto General del Estado, el cinco por mil de los ingresos presupuestados” de Gobiernos Autónomos Descentralizados, el IESS y otros, con el objetivo de financiar a la Contraloría General del Estado. El asambleísta Carlos Zambrano (Unes) propuso la exclusión del artículo por atentar contra los recursos de afiliados, en el caso de la seguridad social.
Las reformas para la transformación tecnológica y mercado de valores han mantenido su esencia. Con ellas se busca impulsar las inversiones en el sector tecnológico.