La agencia de medición de riesgo Fitch advirtió ayer del impacto negativo sobre la banca ecuatoriana de dos cambios legales que podrían reducir su capacidad de competir con entidades de otros países latinoamericanos.
El primero es la prohibición de cobrar por ciertos servicios, como la entrega de los balances de cuenta y la emisión y renovación de tarjetas de crédito. El Gobierno mantiene que es un alivio para los depositantes ante el aumento de los beneficios de las entidades financieras privadas en años recientes.
El segundo cambio legal es la obligación de los bancos, sus directores y accionistas principales de vender participaciones en empresas en sectores ajenos al financiero.
Como resultado, los bancos ecuatorianos están forzados a vender sus participaciones en empresas de seguros y de fondos de inversión.
A su juicio, el mayor impacto sobre los balances de los bancos vendrá por la eliminación del cobro de los servicios.