El Banco Territorial, entre deudas y juicios

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Andreína Laines. Redactora

El pasado 26 de marzo el Banco Territorial cumplió un año de haber entrado a un proceso de liquidación y sus obligaciones, tanto con personas naturales y jurídicas, todavía no terminan de pagarse.

Las investigaciones y auditorías realizadas a esta entidad, luego de la intervención del año pasado, detallan que el Banco Territorial tiene cuentas por cobrar mayores a las calculadas inicialmente, además de casos de posible corrupción.

Cuando se intervino al banco, este tenía acreencias por USD 122 millones. De esa cifra la Corporación de Seguros de Depósitos (Cosede) pagó USD 54 millones a personas naturales. Y todavía falta por entregar unos USD 300 000 a depositantes que no se han acercado a retirar su dinero, según informó Víctor Campoverde gerente general de la Cosede. Estos valores serían depósitos pequeños de entre USD 1 y 2.

En diciembre del 2013, el Territorial terminó de pagar a todas las personas naturales.

Para Carlos Espinoza, liquidador de la entidad nombrado por la Junta de Acreedores, el proceso de pago avanza conforme se recibe dinero.

Esta administración intenta cobrar el dinero que prestó el banco y cobrar también los créditos vencidos y castigados que tiene la entidad. Por ejemplo, a través de la coactiva se está recuperando una parte.

Pero existen deudas difíciles de cobrar, dice Espinoza, al señalar que no se encuentran los nombres o direcciones de los deudores que sacaron tarjetas para créditos o hicieron préstamos a la entidad. Hay una cartera cuyos deudores vienen pagando con normalidad. "De acuerdo a la Ley debemos respetar los plazos de esos deudores", dijo el liquidador.

En enero pasado se empezó con una segunda ronda de pago a las personas jurídicas, entre las que figuran 46 entidades y empresas. Hasta el edificio matriz del banco, ubicado en el centro de Guayaquil y que tiene 18 pisos , aún llega a laborar diariamente una treintena de empleados. 40 personas se encargan de las actividades administrativas de la liquidación. 38 de ellas están en Guayaquil y otras dos laboran en una pequeña oficina en Quito.

El edificio está avaluado en USD 4,2 millones, pero para el liquidador del banco ese valor no es correcto. Por ello solicitará un nuevo avalúo.

Espinoza es optimista y cree que el Banco Territorial puede saldar todas sus deudas sin necesidad de vender ese bien. En caso de darse esa posibilidad, el edificio pasaría a manos de la Cosede.

En la oficina de Espinoza, que antes era ocupaba por Pietro Z., exdueño del Territorial, hay muebles que serán vendidos cuando finalice el proceso.

Cuando el Territorial dejó de funcionar, en marzo del 2013, se despidió a 287 trabajadores que recibieron USD 2,5 millones por liquidación.

En total, el Territorial todavía debe USD 27 millones y los acusados por peculado que llevaron a la quiebra a la entidad aún no han sido sentenciados. El pasado 2 de abril se volvió a suspender la audiencia de juzgamiento por peculado contra Pietro Z., expresidente del directorio del Territorial, y Raúl S., exgerente General del banco. El proceso lleva cuatro meses suspendido por recursos presentados por la defensa de los acusados.

Galo Chiriboga, fiscal General del Estado, llegó ayer a Guayaquil para garantizar que la audiencia se lleve a cabo el próximo 9 de abril y no exista ningún impedimento. El Fiscal reveló que las investigaciones de la Fiscalía detectaron que luego de la intervención del banco se realizó la transferencia de USD 93 millones a cuentas del exterior.

Otro caso irregular son las deudas que mantiene Casa Tosi con el Territorial, que no serían de USD 1 millón, sino de USD 11,7 millones, según indicó un informe de auditoría. Por el caso Territorial existen otros dos juicios: uno por lavado de activos que está fase de indagación; y, otro por la simulación de la venta de las acciones de Casa Tosi. Por el caso de lavado de activos se han retenido USD 8 millones en cuentas de ocho personas. Espinoza tiene previsto que el Territorial cancele todas sus deudas en julio próximo y que la liquidación finalice en diciembre.

La frase
Galo Chiriboga, fiscal General.
"Después de que el Territorial fue cerrado (...) se transfirieron USD 93 millones al exterior. Una cosa sumamente grave".

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