2 de November de 2011 00:04

Asambleístas piden que las renuncias queden sin efecto

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Cinco horas le tomó a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional aprobar una moción condenatoria a la compra de renuncias obligatorias, en medio de incidentes.

Entre el 28 y el 31 de octubre pasados, el Gobierno aplicó las renuncias obligatorias para 2 700 servidores públicos. Esta acción la tomó en base al artículo 8 del Decreto Ejecutivo 813, que establece que el Estado podrá comprar renuncias con indemnización a los burócratas.

Siete votos a favor (dos abstenciones y uno en contra) permitió que la moción de seis puntos, planteada por los legisladores de la oposición, sea aprobada.

Entre los planteamientos que se incluyeron consta: demandar al Ministerio de Relaciones Laborales se abstenga de seguir entregando notificaciones y reincorpore a los funcionarios despedidos; exigir a la Corte Constitucional que adopte medidas cautelares para que cesen las compras de renuncias y pedir al presidente Rafael Correa que derogue el artículo 8 del Decreto Ejecutivo 813, de julio pasado.

La aprobación de estos puntos fue complicada. Desde las 13:00 se plantearon dos mociones y tres resoluciones que fueron cambiadas por siete ocasiones. Cada vez que se hacía propuestas, sea de la oposición o del oficialismo, se producían insultos y gritos que exasperaban a los servidores públicos presentes en la Comisión (Servidores de la salud, guías penitenciarios, miembros de la Federación de Servidores Públicos, Fenasep).

La presidenta de la Comisión, Schenarda Fernández, amenazó con sacar de la sala a los burócratas si no hacían silencio. Una advertencia similar les hizo a sus colegas, quienes querían imponer sus posiciones a la fuerza.

“¡Eres un malcriado”, le dijo Guido Vargas (PSP) a Armando Aguilar (Alianza País). “No podemos atribuirnos competencias que no nos corresponden”, sostuvo, Betty Carillo (AP).

Dos horas antes que esto sucediera se produjo otro incidente, cuando el viceministro de Servicio Público, Juan Salazar, hablaba sobre el proceso de compra de renuncias en el sector público.

“Es pura palabrería”, señaló Nívea Vélez (independiente), mientras que Jorge Escala (MPD), invitado a la Comisión, lo calificó de “caretuco”.

Salazar se retiró de la sala. Pero, no salió, sino que se refugió en una de las oficinas. Allí convocó a los asambleístas del oficialismo para revisar las mociones presentadas antes de realizar la votación. Una fue aprobada.

El presidente de la Fenasep, Miguel García, reconoció que la decisión no tiene peso jurídico. “Más allá de esas exhortaciones, lo que tenían que demostrar es que el mecanismo no fue aprobado en la Asamblea. Eso hubiera sido más pertinente... Esto sirve como antecedente”.

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