El alegre manejo de recursos públicos en el banco Cofiec, en manos del Gobierno ecuatoriano desde el 2004, abona a la tesis de que el Estado es un pésimo administrador.
Y en este escenario, el Gobierno envía señales de querer más poder en el sistema financiero. La Ley de Burós de Crédito, aprobada por la Asamblea, otorga al Estado el monopolio de la información crediticia de los clientes, con un impacto incierto en los préstamos .
Y ayer, el Presidente anticipó que trabaja en un mecanismo para transferir los excedentes de la banca privada para financiar el aumento del Bono de Desarrollo Humano a USD 50 mensuales. Esto pudiera implicar, según dijo, la nacionalización de la banca.
Es poco creíble que lo anterior se cumpla, a menos que la intención de nacionalizar la banca tenga otros propósitos.
Si esa no es la intención, lo otro no pasaría de ser una amenaza por dos razones. Primero, porque el Gobierno no tiene la capacidad para manejar 26 bancos privados que generen utilidades por USD 394 millones anuales, como sucedió al cierre del 2011. Caso contrario, esa capacidad de gestión ya se hubiese reflejado en el manejo del banco Cofiec, el único que registró pérdidas hasta agosto del presente año.
Y segundo, por que no tiene los recursos para comprar los 26 bancos privados del país, los cuales registraron USD 26 000 millones en activos y 2 500 millones en patrimonio.