29 de April de 2012 00:02

A Esperanza Bósquez no le dijeron por qué fue despedida

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Al llegar a su trabajo notó un movimiento inusual. En el patio de la Gobernación había varios agentes de la Policía vestidos de civil.

En sus manos tenían hojas de papel bond. Eran las 08:00 del viernes pasado.

Esperanza Bósquez preguntó a una compañera sobre lo que estaba ocurriendo y ella le respondió que los agentes iban a notificar a los funcionarios que quedarían fuera de la institución.

Bósquez estaba en lista, junto con otras 13 personas. “Lo que me dijeron fue que firme el documento. Yo solo alcancé a responder que me permitan leerlo”.

Ella laboraba como asistente administrativa en la Comisaría I. Llegó a la Gobernación hace cuatro años, cuando nació la institución con la provincialización de Santo Domingo.

Participó en un concurso público de méritos en donde pesó su experiencia de nueve años en el Congreso Nacional (Quito). Fue contratada y estuvo a prueba tres meses. Luego, por su desempeño, logró un nombramiento.

Colaboró en la Unidad de Pasaportes y la Comisaría. Sus ex compañeros coinciden en que era de las funcionarias que sabía tratar a las personas y que colaboraba con la institución sin importar horarios. Trabajaba fines de semana sin remuneración.

Ahora, con su desvinculación, hace cálculos mentales para enfrentar las responsabilidades del hogar. Ella tiene a cargo a sus tres hijos menores de edad y a su padre, que perdió una pierna en un accidente de tránsito.

Según el gobernador de Santo Domingo, Jorge Trujillo, a los funcionarios que fueron desvinculados se les depositó la indemnización correspondiente por la compra de renuncias, equivalente a cinco salarios básicos unificados por cada año de servicio.

Este cálculo consta en el Decreto Ejecutivo 813, que fue la base legal para separar a los 14 empleados. Pero según Bósquez, hasta ayer no había recibió el dinero. En su cuenta bancaria solo estaba su sueldo de abril, equivalente a USD 300.

En la acción de personal nro. 119 que le entregaron el viernes pasado no se especifica el monto de indemnización, fecha de pago ni la razón por la que fue cesada de sus funciones.

“Que me digan si alguna vez he sido corrupta o he hecho mal mi trabajo. Yo tengo mi conciencia tranquila y por eso es que me duele haber salido de esta manera”.

Se supone -sigue- que iban a sacar de la institución a los malos funcionarios y varios de ellos aún están en los cargos. “Eso no es revolución ciudadana”.

Mientras se concreta el pago de la indemnización, Bósquez busca alternativas de ingresos. Hace poco pagó una matrícula en la Universidad Técnica Particular de Loja. Cursa el segundo semestre de Derecho. Había elegido esa carrera para aportar en el trabajo de la Gobernación. En ocasiones ella debía hacer las providencias que eran competencia de la comisaria y su secretaria. “Ahora voy a suspender los estudios y buscar una devolución del dinero para ayudarme hasta tener trabajo”.

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