2 de March de 2011 00:00

¿A la cárcel por no afiliar al IESS?

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La meta del Gobierno para el 2013, cuando termine el periodo de Rafael Correa, es que el 100% de los trabajadores del país estén afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Sin embargo, para lograr este objetivo tendrá que conseguir que más de dos millones de personas, que están ocupadas pero se encuentran en la informalidad, sean afiliadas por sus patronos.

El mecanismo para el caso es el endurecimiento de la sanción por el incumplimiento del derecho a la seguridad social, que en el caso de aprobarse la quinta pregunta de la consulta popular del Ejecutivo, será la cárcel.

Los empresarios rechazan el planteamiento aduciendo que ya existe la suficiente normativa para controlar que se afilie a los trabajadores. “Además, creo que la gran mayoría de los ahora afiliados pertenecen a las empresas. Los no asegurados son personas que están en el subempleo y realizan actividades de manera informal”, explicó Eduardo Cadena, director ejecutivo del Consejo de Cámaras de la Producción.

Las cifras del IESS indican que hasta noviembre del 2010 había 1,86 millones de afiliados, frente a un total de 4,07 millones de ocupadas en el país. El resto no ha accedido al derecho de Ley.

Entre ellos están los comerciantes autónomos, los cuales hasta el 14 de febrero no tenían una normativa para acceder al aseguramiento. “Ese día se creo un régimen especial para nuestro sector y podamos afiliarnos aportando 3,41% de un salario básico. Eso correrá por cuenta de cada uno, pero hace falta fortalecer el proceso de afiliación para quienes trabajan para un empleador”, señaló Carlos Castellanos, presidente de la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador (Cucomitae).

Actualmente, el artículo 33 de la Resolución 301 del IESS ya establece el pago de una multa del 4% del total de sueldos aportables al IESS en el período de mora para los empleadores incumplidos.

Asimismo, el artículo 327 de la Constitución plantea la penalización por el fraude o la simulación en materia laboral.

Sin embargo, juristas como Joaquín Viteri consideran que poco se ha logrado a través de estas normas por la falta de decisión de los directores del IESS para aplicar la normativa. A ello, dice, hay que sumarle el hecho de que luego de la Constitución de 1998 la Comisión Interventora del IESS eliminó el departamento de inspectoría en empresas de la entidad.

Esta afirmación es corroborada por el dirigente de la Asociación de Jubilados Batalla de Tarqui, Gabriel Riera, quien está de acuerdo con que se tipifique como delito la no afiliación.

“Pero dar el sí no es suficiente. Hay que hacer una supervisión prolija de las empresas, de lo contrario de forma clandestina seguirá habiendo el incumplimiento de los derechos laborales”.

De ahí que propone la creación de un nuevo departamento de control para vigilar al 100% de las compañías y que se evite “las coimas como antes”. La idea es que se incrementen las afiliaciones para que haya más personas que a su vejez se beneficien de la jubilación por sus años de servicio.

Pero otros jubilados como Ghemma Gachet no creen que la penalización vaya a resolver los problemas por la no afiliación al Seguro. Ella considera que los trabajadores deben denunciar las irregularidades y que, aplicando de mejor forma la normativa existente, se pueda lograr que más personas sean aseguradas.

El mismo IESS reconoce que sin contar con la penalización las afiliaciones han crecido en 500 000 personas durante los últimos cinco años. Uno de los factores que ha influenciado para tales resultados son las facilidades para registrar a los empleados.

“Además, se han realizado campañas como la de Empleo Doméstico Digno, con la que logramos incorporar a 40 000 trabajadoras al Seguro Social”, señaló el presidente del Consejo Directivo del IESS, Ramiro González.

Los patronos dicen que es positivo afiliar a estas trabajadoras, pero hay temor, pues si por algún motivo no fueron registradas se puede ir a la cárcel. “Cuando el Estado no asegura a sus empleados también debe haber sanción”, dijo Carlos Rivadeneira.

PREGUNTA 5

¿Está usted de acuerdo con que la Asamblea Nacional, sin dilaciones dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de la publicación de los resultados del plebiscito, tipifique como infracción penal la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de los trabajadores en relación de dependencia?

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