21 de November de 2012 00:03

79 votaron por alza de impuestos

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Bajo los gritos de “Lucio presidente”, por parte del bloque de Sociedad Patriótica, y de “Una sola vuelta”, de la bancada oficialista, la Asamblea culminó el análisis y la votación de la reforma tributaria enviada por el Ejecutivo el pasado 24 de octubre.

Con 79 votos afirmativos, 5 negativos y 10 abstenciones, el proyecto fue aprobado e inmediatamente se procedió a remitirlo al Presidente de la República, quien en un plazo de 30 días deberá vetar o dar la venia al documento.

La actual norma, que entrará en vigencia a partir del próximo año, bajo el nombre de Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social, pretende cubrir parte de los USD 340 millones que necesita el Gobierno para incrementar el Bono de Desarrollo Humano, de USD 35 a 50.

En una jornada matizada por los discursos políticos, gritos y hasta insultos, se dio luz verde a una ley que aumentará la presión tributaria a los bancos privados y dará al Servicio de Rentas Internas (SRI) facultades para monitorear las cuentas de los clientes.

El documento original enviado por el Ejecutivo tuvo varios cambios de forma. El primero fue que la Superintendencia y el SRI garanticen que las entidades bancarias no trasladarán los costos (especialmente del Impuesto al Valor Agregado a los servicios financieros) a sus clientes.

Esto, para el asesor financiero Francisco Arévalo, es algo que no se puede controlar de manera directa, por lo que, en el largo plazo, los mismos clientes terminarán asumiendo el impacto. “No es posible controlarlo todo. De alguna manera, totalmente legal, los bancos podrían trasladar esos costos. De hecho, sus voceros mismo han anunciado tal efecto antes de la aprobación de esta normativa”.

Otro aporte que realizó la Asamblea al proyecto inicial fue que el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) garantice la inclusión en el pago del bono a las personas mayores de 65 años que viven en la frontera.

Esto supondrá, según el criterio de la economista Alexandra Ortiz, el aumento del número de beneficiarios, que actualmente es de 1,9 millones de personas.

“Difícilmente en tiempos electorales se decida retirar a algún beneficiario para reemplazarlo por otro. Crecerá entonces la masa y, por consiguiente, se necesitará aún más dinero para financiar al nuevo grupo de beneficiarios”.

Pero donde radica la fortaleza de la nueva reforma tributaria es en la carga impositiva que deberá soportar la banca. Eso, pese a los reiterados pedidos de sus representantes para que no procediera la ley, ya que al mermar las utilidades, la capitalización se reducirá y, por tanto, el patrimonio se afectará. Con ello, los bancos han anunciado una contracción en el otorgamiento de créditos.

De todas maneras, los representantes de la banca señalaron que esperarán hasta la decisión final que adopte el Presidente y, aseguraron que seguirán apelando a que esta ley no proceda ya que impactará en las actividades financieras. Además, dijeron que su posición ha quedado clara durante los talleres que se dictaron a los asambleístas y en el comunicado que se publicó ayer en la prensa.

La posición de la banca privada ha sido que la propuesta del Ejecutivo impacta en el crecimiento patrimonial del sector y, por ende, en el crecimiento del crédito, lo cual tendrá un impacto en el financiamiento de actividades productivas del país y en el crecimiento de la economía.

Dentro de la votación, pocos defendieron la labor de la banca. Susana González, de Madera de Guerrero, lo hizo porque cree que es un apoyo para el sector productivo y para la generación de empleo. Eso generó la antipatía de Sociedad Patriótica y de la bancada oficialista. Incluso María Augusta Calle le gritó “estúpida”, a lo que González reaccionó.

Multa de USD 7 886 a ocho directivos de la banca

Ocho ejecutivos de los bancos Pichincha, Produbanco, Guayaquil y Bolivariano recibieron una multa total de USD 63 094, de acuerdo con un comunicado enviado anoche por la Superintendencia de Bancos.

Esa decisión se dio tras el ultimátum anunciado el pasado jueves por el superintendente de Bancos, Pedro Solines, quien amenazó de las sanciones si dichas instituciones financieras no rectificaban sobre la información enviada a sus clientes  a través de cartas, alertando sobre los posibles impactos de la aprobación de la reforma tributaria.

Los ejecutivos sancionados con USD 7 886,82 cada uno son el presidente del Directorio de Produbanco, Rodrigo Paz Delgado; el presidente ejecutivo de la misma entidad, Abelardo Pachano; y los ejecutivos del Banco Bolivariano, Miguel Babra Lyon y José Salazar  Barragán.

En el Banco Pichincha fueron sancionados con la misma multa, el vicepresidente del Directorio, Fidel Esteban Egas Sosa, y el presidente adjunto, Antonio Acosta.

Finalmente, en el Banco de Guayaquil fueron sancionados con la multa el presidente ejecutivo Angelo Caputi Oyague y el presidente del Directorio, Danilo Carrera Drouet.

Según el comunicado, Solines resolvió la sanción luego de agotar el debido proceso y dado que los descargos presentados por los representantes de los bancos no justificaron la acción de enviar las cartas a sus usuarios.

El comunicado, sin embargo, no detalle cómo se llegó al valor de las multas ni el contexto jurídico que las respaldo.

La Superintendencia sostiene que con las cartas no hubo un manejo serio  que contribuya a generar un ambiente de confianza para el sistema financiero”.

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