4 de December de 2011 00:01

50 reformas tributarias desde 1979

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Luego del retorno a la democracia, en 1979, en el país se han implementado unas 50 reformas tributarias. Sobre ellas se han escrito decenas de libros e investigaciones. Solo en la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Quito están disponibles más de 25 tesis sobre este tema.

Las reformas en el nuevo período democrático han tenido de todos, pero siempre con el ánimo de financiar las necesidades fiscales. Por ejemplo, se aumentó 20% el impuesto al consumo de cigarrillos para financiar el Fondo Nacional de Universidades, en 1987, durante el gobierno de León Febres Cordero. Y luego se llegó a una medida extrema, como fue la eliminación del Impuesto a la Renta, a cambio de la creación del Impuesto a la Circulación de Capitales en 1998, en la presidencia de Jamil Mahuad.

La mitad de las reformas en los últimos 30 años han sido propuestas por el Ejecutivo, para que sean tramitadas por el Congreso en el último trimestre del año, a fin de financiar el presupuesto del Estado del siguiente año.

Otros cambios como la subida del Impuesto a las Transacciones Mercantiles del 5% al 6% en 1983, buscaban financiar necesidades puntuales como el alza de los sueldos del magisterio.

Los gobiernos tomaron medidas de ajuste de impuestos obedeciendo condiciones de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que exigían del país garantías de pago para dar un crédito, recuerda Mario Prado, abogado tributario. Sin embargo, las permanentes pugnas políticas en el Legislativo daban como resultado reformas “parche”, poco efectivas, pues las leyes salían con una serie de escudos fiscales.

Para Roberto Salazar, catedrático de la Universidad Católica, en la determinación de impuestos ha primado el criterio político. Si bien los tributos se crean para mejorar los servicios de la sociedad, deben evitar distorsiones como la contracción de la inversión, el empleo y la economía.

“Aunque el país ha avanzado en las investigaciones tributarias, el debate técnico es mínimo”.

Gobierno del Partido Socialcristiano
Transacciones Mercantiles del 6% al 10%

En enero de 1986, ante la presión de  grupos sociales como los sindicatos, el presidente  León Febres Cordero  aprobó la Ley de Elevación de Salarios Mínimos Vitales que aumentó los  sueldos y salarios. Con ella, el salario mínimo vital pasó de 8 500 sucres a
12 500 sucres  (USD 82).

Una de las vías para financiar  ese aumento salarial era la elevación de la tarifa del 6% al 10% del Impuesto a las Transacciones Mercantiles (ITM) y prestación de servicios, señala Myriam Arias en su tesis ‘Los impuestos a los bienes y servicios como medio de financiamiento del sector público: 1980- 1990’. El Gobierno no tenía muchas opciones porque  enfrentó un descenso en el precio del barril de petróleo, que en 1985 cerró alrededor de USD 26 y al año siguiente cayó a  13.

El ITM era un porcentaje  que se gravaba sobre los ingresos de las ventas de las empresas, que incluía además todas las operaciones intermedias. Años después este tributo cambió de nombre:  Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Durante el período de Febres Cordero, además, se implementaron varias reformas a los Impuestos a los Consumos Selectivos, ahora conocido como el ICE. Así, en 1985 se aumentó al 25% el tributo al consumo de cerveza y al 20% el consumo de bebidas gaseosas.

Gobierno de la Izquierda Democrática
Nace la Ley de Régimen Tributario Interno

El 22 de diciembre de 1989 se publicó en el Registro Oficial 341 la nueva Ley de Régimen Tributario Interno. Esta Ley se aprobó en el gobierno de Rodrigo Borja, bajo un congreso con una mayoría afín a la Izquierda Democrática, partido del Gobierno.

En ella se aglutinaba una serie de impuestos que estaban dispersos en otras leyes y se determinó una sola tarifa progresiva para el pago del Impuesto a la Renta que iba del 0% al 25% anual sobre ingresos superiores a los 2 millones de sucres.

Para las empresas nacionales o extranjeras se determinó, en cambio, un Impuesto a la Renta fijo del 25%.

Con la aplicación de esta reforma integral del sistema impositivo  se eliminó el impuesto proporcional, que hasta ese momento regía y que iba del 6% al 18% de los ingresos de los contribuyente, dependiendo de su actividad.

También se eliminó la diferenciación entre empresas extranjeras (que pagaban 44,4% de Impuesto a la Renta) y empresas nacionales (que pagaban el 22,2%).

 A partir de la reforma, la entonces Dirección General de Rentas (hoy SRI) entró en una reestructuración  para reducir los  niveles de evasión de   impuestos. La reforma estuvo motivada en una carta de intención firmada por el  Ecuador y el FMI en agosto del 1989 para mejorar la administración tributaria.

Gobierno de la Democracia Popular
La eliminación del  Impuesto a la Renta

El 22 de noviembre de 1998 se publica en el Registro Oficial  una reforma  para eliminar el  Impuesto a la Renta a cambio del Impuesto a la Circulación de Capitales del 1%.
Este implicaba que toda operación bancaria o de pago comercial pagaría el 1% en lugar del Impuesto a la Renta.

El gobierno del presidente Jamil Mahuad acogió  así el proyecto del entonces diputado socialcristiano Jaime Nebot, con el fin de impulsar la reactivación productiva en el país.

Sin embargo, el cambio en el régimen de recaudación tuvo un  efecto inmediato:   falta de recursos en la caja fiscal, lo cual se vio agravado  por  una vertiginosa caída del precio del petróleo (USD 7  en diciembre de 1998).

 Tan poco eficaz fue la reforma, que el propio gobierno de la Democracia Popular decidió, en abril de 1999, retomar nuevamente el Impuesto a la Renta manteniendo el Impuesto a la Circulación de Capitales, a través de la aprobación de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas.

Esta última, además, eliminó todas las exenciones fiscales determinadas en todas las leyes con excepción de la Ley de Régimen Tributario Interno. También determinó el IVA para todos los servicios, con excepción de la salud y la educación.

Gobierno de Alianza País
El Impuesto a la Renta aumenta al 35%

En diciembre del 2007, la Asamblea Constituyente aprobó la Ley de Equidad Tributaria presentada por el presidente Rafael Correa.

La reforma mantuvo el 25% como Impuesto a la Renta para las empresas y aumentó hasta el  35% el  tributo a las personas naturales según sus ingresos.

Durante los cinco primeros años de su administración se realizaron nueve reformas tributarias, debido a que contaba con mayoría en la Asamblea.

Se aprobó la posibilidad de que las personas naturales en relación de dependencia deduzcan del Impuesto a la Renta sus  gastos realizados  en    vivienda, salud, educación, vestimenta y alimentación.  También estableció el Impuesto a la Salida de Divisas, que pasó del  0,5%, en el 2008,  hasta el  5% en noviembre pasado. Nuevamente, las reformas tributarias aplicadas en la actual administración  apuntaron al incremento del impuestos a la comercialización de cigarrillos, bebidas alcohólicas,  perfumes y colonias,  armas de fuego, televisión pagada, entre otros.

Uno de los temas más polémicos de la Ley de Equidad  Tributaria  fue el relacionado con los tributos a las herencias, legados y donaciones. Con la legislación anterior se pagaba un tributo de hasta el 5%, pero  la nueva  aprobó una tabla del  5% al 35%, según el monto.

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