20 de February de 2012 00:01

15 litigios internacionales enfrenta el Ecuador por USD 3 994 millones

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El Estado ecuatoriano enfrenta 15 controversias a escala internacional en diversos tribunales, lo que suma demandas cuantificadas por USD 3 994 millones.

Este monto, sin embargo, está sujeto a variación ya que de todas las demandas solamente cinco han sido cuantificadas y el resto esperan determinación.

De las 15 controversias, 12 son arbitrajes interpuestos contra el Estado, en su mayoría por empresas petroleras y mineras.

Mientras que de las tres restantes, la primera es una demanda del Ecuador contra Colombia, por la fumigación con glifosato en la frontera norte. La segunda, del Estado contra los hermanos Isaías, ex propietarios del Filanbanco, interpuesta en la Corte de la Florida, para que el Estado pueda incautar sus bienes en EE.UU.

Y la tercera es un arbitraje del Ecuador contra EE.UU. para la interpretación del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI) firmado por ambos países.

El Estado interpuso la demanda en junio del 2011 ante el Centro de Disputas de Inversiones del Banco Mundial (Ciadi), y se relaciona con el caso Chevron II: una demanda de la compañía estadounidense contra el Ecuador por el retraso en el procesamiento de siete juicios en el país, por cual se dispuso un pago en su favor de USD 96 millones.

En el caso Chevron-Texaco alegó que el Estado no garantizó los medios adecuados para acceder a la justicia con el retraso de más de 10 años de sus litigios. Con ello, según la firma, se violó el TBI entre Ecuador y EE.UU.

La posición ecuatoriana es que en el TBI no existe la figura de ‘medios adecuados’ sino únicamente la ‘denegación de justicia’ que implica “prácticamente la inexistencia de sistema judicial en el país”, según explicó el experto en arbitrajes de la Cámara Ecuatoriano Americana, Hugo García.

Por ello, Ecuador demandó a EE.UU. ante un Tribunal Arbitral para que este interprete el TBI y así tener elementos para enfrentar a Chevron y otras compañías.

El procurador Diego García indicó que la semana pasada se nombró al brasileño Luiz Olavo Baptista como presidente del Tribunal y se espera que exista una sentencia sobre el arbitraje en un tiempo máximo de seis meses.

Respecto a Chevron II, García mencionó que se pidió la nulidad del pago de USD 96 millones ante una corte ordinaria de La Haya, Holanda, y que se espera un laudo en tres meses. Sin embargo, en el caso existen dos instancias adicionales de apelación antes de una sentencia definitiva.

También está abierto el arbitraje Chevron III, en el que la compañía busca que el Ecuador asuma la indemnización del juicio de Lago Agrio. En él, la Corte de Sucumbíos sentenció a Chevron a pagar dos USD 19 000 millones por daños ambientales provocados en la Amazonía. Al respecto, el Tribunal Arbitral mandó al Estado ecuatoriano detener la sentencia contra Chevron.

Otro caso de amplia relevancia es el arbitraje ante el Ciadi de Occidental (Oxy) contra el Ecuador por la caducidad de su contrato en el 2006. La petrolera estadounidense busca que el Estado le pague USD 3 370 millones al argumentar que expropió sus activos.

Luego de seis años de litigio, el procurador García dijo que se espera una sentencia en los próximos tres meses. El experto en arbitrajes, Hugo García, dijo que lo más probable será una sentencia contra el país no menor a USD 1 200 millones por no actuar de la misma manera en una controversia similar con Petrobras.

Otros arbitrajes

Merck Sharp & Dohme interpuso una demanda ante La Haya  el 29 de noviembre del 2011  contra el Ecuador  por denegación de justicia. Ello, porque las cortes nacionales no han dictado sentencia en un caso  contra la firma Nifa.

Las firmas mineras RSM, Coppermesa y Zamora Gold demandaron individualmente al Estado por el mandato minero que paralizó sus operaciones. Dos de estos procesos están parados por falta de impulso de las compañías.

Las petroleras Perenco, Burlington y Murphy mantienen demandas contra el Estado por la Ley 42  que determinó un impuesto por los ingresos extraordinarios por el alto precio del petróleo. El Estado contrademandó a las dos primeras firmas por USD 500 millones a cada una por daños ambientales.

Otros casos son el de la firma Ulysseas por USD 56 millones contra el Estado  por cambiar su contrato; y el de  Global Net que pide USD 32 millones al Estado por terminar su  concesión. Este  caso está parado.

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