11 de June de 2010 00:00

Revuelo por fallo contra ex oficial que frenó un secuestro en 1985

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Santiago Zeas

Colombia vive momentos de agitación política y militar por un fallo judicial relacionado a uno de los episodios más sombríos de su vida democrática: la toma guerrillera del Palacio de Justicia en 1985, que dejó más de 100 muertos y que casi rompe el orden institucional.

La Justicia ordinaria condenó a 30 años de cárcel al coronel (r) Alfonso Plazas Vega, por la desaparición forzada de 11 personas, después del operativo militar que él dirigió entre el 6 y 7 de noviembre de 1985. Con esa operación se puso punto final al asalto a la sede de la Corte, tomada por el desaparecido grupo guerrillero M-19, que pretendía enjuiciar simbólicamente al entonces presidente Belisario Betancourt.

El fallo en contra de Plazas Vega causó revuelo militar y político en el país. El principal motivo es que sectores como el gobierno de Álvaro Uribe y las Fuerzas Armadas creen que es injusto el castigo, pues consideran al oficial en retiro como un héroe por haber impedido que se rompiera el orden democrático.

Del otro lado de la orilla están los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos. Ellos aplauden el fallo, ya que identifican a Plazas Vega como culpable de los excesos cometidos durante el operativo.

En su sentencia, el Juzgado Tercero Penal Especializado de Bogotá determinó que el coronel (r) es responsable por la tortura y desaparición forzada de 10 civiles y de una guerrillera que salieron con vida de la Corte.

Según la investigación que sustentó la condena, esos 10 civiles estaban en la cafetería de la sede de la Función Judicial en momentos en que un escuadrón del M-19 asaltó la edificación. Y aunque sobrevivieron al enfrentamiento entre los guerrilleros y los militares, los uniformados aparentemente los condujeron a instalaciones de la Fuerza Pública para interrogarlos, pues existía la sospecha de que fueron cómplices del secuestro.

En ese punto fueron claves las declaraciones de otros dos oficiales que también son investigados por el caso. El coronel Edilberto Sánchez y el general Iván Ramírez, quienes señalaron que el coronel Plazas manejó interrogatorios a esas personas que sobrevivieron y que desaparecieron.

Basada en estos testimonios, así como en un video hallado en 2007 -en que se mira a dos de los empleados de la cafetería vivos tras el ataque- la jueza Stella Jara sentenció a 30 años a Plazas Vega, la condena más alta en Colombia por desaparición forzada.

Tras la divulgación de la sentencia, el presidente Uribe y las FF.AA. la rechazaron y expresaron su solidaridad con el coronel (r). Incluso, el Mandatario se reunió de urgencia en la mañana de ayer con el ministro de Defensa, Gabriel Silva, y el Alto Mando Militar para analizar el caso.

A pesar de la presión política y militar en contra del fallo, la Corte Suprema de Justicia salió ayer en respaldo a la jueza Jara. Pero los abogados del ex oficial, así como la Procuraduría General, anunciaron que apelarán el fallo.

¿Quién es el coronel Plazas?

Desde el 2007 está detenido en el Hospital Militar de Bogotá el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, uno de los personajes que mayores pasiones levanta en Colombia. El ex oficial saltó a la luz pública la noche del 6 de noviembre de 1985, cuando lideraba la recuperación del Palacio de Justicia, asaltado horas antes por 35 hombres del extinto M-19.

Su voz se hizo conocida cuando en medio de la lucha esa misma noche un periodista le preguntó cuál era la misión, a lo que respondió: “Mantener la democracia, maestro”. Después de esa aparición y la recuperación de la sede de la Justicia, el militar siempre ejerció altos cargos en todos los gobiernos de turno, sin sospechar que 20 años después se reabriría la investigación por los entretelones de ese episodio.

Entre 1989 y 1990 fue jefe de Estado Mayor de la II Brigada en Barranquilla. También fue agregado militar en Madrid en 1989-1990. En el primer período de Uribe también ocupó la Dirección Nacional de Estupefacientes. Sin embargo, su suerte cambió cuando se reabrió el caso y el 2007 la Fiscalía ordenó su captura para procesarlo por la desaparición de 11 personas durante la retoma del Palacio.

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