26 de February de 2014 00:01

Represión y violaciones aumentan

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Red. Mundo. Humberto Márquez, IPS. El Nacional, GDA

Dieciséis muertos, 150 heridos, 579 detenidos, denuncias de tortura, de represión ilegal de fuerzas de seguridad y grupos irregulares y de agresiones a la prensa, marcan las tres semanas de confrontación política en las calles de más de 30 ciudades de Venezuela. Crédito de fotogalería: Wilfredo Hernández / Diario El Carabobeño

El Estado "ha tirado a la basura los principios básicos de (la Organización de las) Naciones Unidas sobre uso de la fuerza y de armas de fuego (aprobados en La Habana en 1990), con el desdén de sus órganos controladores, como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo", dice a IPS el coordinador de la organización humanitaria Provea, Marino Alvarado.

Según testimonios, investigaciones de prensa y vídeos que circulan en las redes sociales, varios manifestantes murieron por disparos de policías vestidos de civil, de grupos violentos que interceptaron manifestaciones, o por descargas de perdigones supuestamente lanzadas por efectivos de la militarizada Guardia Nacional Bolivariana.

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Uno de los últimos, el lunes 24 por la mañana, fue Jimmy Vargas, de 34 años, quien cayó del segundo piso de un edificio atacado supuestamente por efectivos de la Guardia Nacional con perdigones y bombas lacrimógenas en San Cristóbal, capital del estado de Táchira, en el sudoeste andino fronterizo con Colombia.

El domingo murió un ingeniero de sistemas, Alejandro Márquez, víctima de una golpiza propinada presuntamente por guardias nacionales cuando registraba con su teléfono móvil incidentes junto a una barricada en una zona céntrica de Caracas. Entre los muertos se cuentan también víctimas del vandalismo de grupos de manifestantes.

El viernes 21 falleció el trabajador de un supermercado Elvis Durán, de 29 años, cuando regresaba a su casa conduciendo una moto y chocó con un cable de alambre colocado al parecer por opositores a la entrada de la calle donde residía.

En Valencia, urbe industrial al oeste de Caracas, se denunció entre jóvenes torturados que a uno de ellos, Juan Carrasco, le introdujeron el cañón de un fusil en el recto. "Mi hijo fue vejado, violado, humillado por los de uniforme verde. Le destrozaron la vida a él y a otros muchachos", deploró su madre, Rebeca González.

La joven Geraldine Moreno murió por perdigones disparados a quemarropa en su rostro, después de que ya estaba derribada por una primera andanada. En varias ciudades hubo denuncias de que a jóvenes detenidos los rociaron con gasolina y amenazaron con quemarlos, o que fueron torturados con bastones eléctricos.

Las denuncias también se refieren a agentes de seguridad arrojando bombas lacrimógenas dentro de viviendas.

Los primeros manifestantes abatidos, al cabo de una marcha en Caracas el día 12, cayeron en una balacera en la que actuaron efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (policía política) que desobedecieron una orden de acuartelamiento, según el presidente Maduro.

Ayer, diario El Carabobeño, en el estado Carabobo, difundió fotografías que revelan la desmedida represión. En estas se observan a miembros de la 'Guardia del Pueblo' agredir con armas y hasta con el propio casco de los uniformados a una mujer y a un hombre mientras protestaban en contra del Gobierno (ver fotos superiores). Los ataques sucedieron en la urbanización La Isabelica, municipio Valencia.

Según la Fiscalía General, se investigan 12 denuncias por violación a los derechos fundamentales. Y agregó que por este tipo de casos se han detenido a nueve militares y policías.

Ayer, un manifestante falleció en la ciudad centro costera de Maracay durante incidentes violentos registrados en esa localidad con lo que se elevaron a 16 los muertos a causa de las protestas callejeras.

El cuerpo del joven fue localizado a las afueras de un comercio en Maracay que fue saqueado la víspera.

Entidades de juristas, como el Foro Penal Venezolano y la Fundación para los Derechos y la Equidad, acopian denuncias para presentar a instancias internacionales. "Responsables del Gobierno pueden ser acusados por delitos de lesa humanidad", indica a IPS la abogada Elenis Rodríguez.

Ayer, la Coalición de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, que agrupa a las ONG de mayor trayectoria en la región, denunció que en las protestas que sacuden Venezuela se han cometido "graves violaciones", mientras que el Estado no garantiza el debido proceso ante las "detenciones arbitrarias".

Las ONG advirtieron que "el uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de funcionarios del Estado debe ser excepcional".

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