3 de July de 2011 00:02

La pesca de tiburones se usó con fines electorales

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En medio de la abierta oposición de organizaciones ambientalistas, el 20 de julio del 2007 el presidente Rafael Correa firmó un polémico decreto: legalizó la venta, transporte y la exportación de tiburones “atrapados accidentalmente en la pesca de otros peces”.

Esa decisión es analizada en el cable 116916, que envió al Departamento de Estado, en Washington, la entonces embajadora Linda Jewell.

La primera impresión de la delegación diplomática estadounidense, con base en consultas a varios especialistas, fue que se trataba de una movida política de Correa con el propósito de captar los votos de los pescadores en las elecciones de septiembre para la integración de la Asamblea Nacional Constituyente. Ambientalistas estiman que la mayoría de aletas recogidas por los pescadores provienen de las islas Galápagos, según el telegrama filtrado por Wikileaks.

La demanda de aletas de tiburón en China y Japón es alta y el precio por cada una en el mercado negro oscila entre USD 20 y 100. El principal consumidor de aletas es China, donde son consideradas un manjar. La demanda de la sopa de aleta de tiburón es alta, pues se le atribuye cualidades afrodisíacas, considerada una necesidad en cualquier boda. Se estima que el mercado de aletas, desde 1980 hasta el 2000, se ha triplicado, alcanzando las 12 000 toneladas. El mercado en Hong Kong, crece un 5% cada año. La demanda de aletas de tiburón impulsa a los compradores chinos hacia Ecuador, entre otros. En el Atlántico Norte, la población de diferentes especies de tiburones ha caído de un 60% a un 90% en los últimos 20 años.

El decreto que expidió Correa, en julio del 2007, llegó 15 días después de que la Policía ambientalista firmara un acuerdo de entrenamiento de 5 años con el grupo Sea Sheperd, para mejorar los esfuerzos de disminuir el tráfico de animales silvestres.

La venta y exportación de aletas de tiburón era ilegal en Ecuador desde cuando el ex presidente Lucio Gutiérrez había declarado una moratoria, en el 2004, en contra de la pesca del tiburón.

El decreto, firmado en Manabí entre el presidente Correa y el Ministro de Agricultura, reforma la ley del 2004, únicamente para la pesca de tiburones “atrapados accidentalmente”.

Ambientalistas, citados como fuentes en el cable enviado por Jewell, estimaron que el decreto encubría indiscriminadamente la pesca de tiburones para exportarlos a China y Japón, vía Perú.

Correa –al anunciar su decisión- dijo que esperaba ayudar a 200 000 familias de la costa, generando USD 170 millones en ingresos por año. Señaló, además, que después de seis meses evaluaría si la pesca de tiburón se había incrementado.

“Analistas políticos sostienen que todo está diseñado para ganar votos”, subraya el cable.

María Fernanda Espinosa, entonces ministra de Relaciones Exteriores, dijo que la decisión haría más transparente al mercado de la pesca artesanal y los ingresos irían directamente a los pescadores. Sin embargo, Ana Albán, ministra de Ambiente, comentó que ni siquiera había visto el texto.

Coincidencialmente, la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu) junto con Sea Sheperd firmaron, dos semanas antes, un acuerdo para identificar a traficantes de vida salvaje que operaban en las Galápagos. En esas dos semanas, la Policía arrestó a ocho personas y retuvo 20 000 aletas de tiburón y 90 000 pepinos de mar.

El telegrama recoge la posición de Paul Watson, director del Sea Sheperd, quien estimaba que el 80% de aletas de tiburón provenían de Galápagos y no de grandes operaciones de pesca.

Watson dijo que la mayoría de tiburones atrapados se obtenían a través de la pesca con palangre y que la Marina ecuatoriana había negado los pedidos del Sea de buscar palangres.

Watson, la Policía ambiental y el Parque Nacional Galápagos alegaron que la Marina estaba involucrada en el tráfico de especies protegidas, destaca el informe enviado a Washington.

Para Jewell, el decreto presidencial otorgaba una escapatoria para los traficantes. “Claramente Correa busca votos en Manabí”. Ambientalistas estimaban que había 200 000 personas, no familias, trabajando en la industria pesquera. “El beneficio es menor del que Correa predice”. Justo un mes después de que la Unesco declarase a las Galápagos ‘patrimonio en peligro’. Tal paso atrás parece ser más bien una estrategia de campaña, destaca el cable.

Dos semanas después de que Correa firmara el decreto, varios medios nacionales reportaron que el número de tiburones pescados había aumentado, en medio de las versiones de los pescadores quienes aseguraban que los escualos fueron atrapados ‘incidentalmente’. El 1 de agosto, la Policía con la ayuda de Sea Sheperd, confiscó dos toneladas de aletas de 365 tiburones de tres casas de pescadores en Manta. No obstante, las dos toneladas fueron devueltas a los pescadores y no se tomó ninguna acción legal en su contra. El 4 de agosto, autoridades de Migración, detuvieron y deportaron a Sean O'Hearn, director del Sea Sheperd.

La demanda

En Galápagos, la pesca de tiburones aumentó por la disminución de la población de pepinos marinos, a la que se dedicaban muchos pescadores.

Pero desde mediados del 2005 están comercialemente extintos en Galápagos.

Como resultado, los pescadores se han volcado por la pesca de aletas por un mayor valor. Empresarios chinos incentivan la práctica, otorgando préstamos a los pescadores para que inviertan en mejores equipos.

Miembros de las comunidades pesqueras de Galápagos han reconocido el papel importante de los empresarios chinos juegan en el financiamiento e incentivo en el negocio de las aletas.

Pocos esfuerzos en el 2004

El decreto de octubre del 2004 fue un paso importante en el desarrollo de una regulación para detener el negocio de las aletas. Pero, el gobierno de Gutiérrez (y Palacio) se esforzó poco en imponer la prohibición. Incluso cuando se dieron los arrestos, el seguimiento judicial casi no existió, señala el cable 43352, enviado el 21 de octubre del 2005.

En junio del 2005 fue descubierto -agrega el despacho- un barco pesquero que había recolectado aletas de 30 000 tiburones. Mientras oficiales del gobierno apuntan este caso como una demostración de acciones en contra, los hechos no coinciden. El bote fue abordado porque las autoridades pensaron que estaban ligados con drogas.

Ninguna acción se tomó en contra de los involucrados hasta un mes después cuando la presión pública y al atención de la prensa derivó en el arresto del capitán del barco y un funcionario de aduanas. Los activistas están consternados de que el caso muera en el sistema judicial.

En septiembre del 2005, dos asociaciones de guías turísticas indicaron, y mostraron públicamente, que miembros de la tripulación de un barco turista pescaban ilegalmente, tiburones en las Galápagos.


Más sobre el tema:

Ecuador prohíbe exportación de aletas de tiburón / cable 22556

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