¿En mayo del 2005 la entonces embajadora de Estados Unidos en Quito, Kristie Kenney, envió un cable al Departamento de Estado pidiendo que sacara de ese país a los hermanos Roberto y William Isaías, a quienes acusaba de actos de corrupción, que afectaban la imagen estadounidense en Ecuador.
Los hermanos Isaías tienen su visa válida en EE.UU. Lo que recoge ese cable es solo la opinión de Kenney. Y está basado en las conversaciones con gente del país y, especialmente, en el entorno de Quito donde siempre ha existido animadversión a los Isaías. Pero los señores Isaías no tienen problemas migratorios en EE.UU.
No obstante, en el cable secreto la Embajadora afirma que el Departamento de Estado les retiró todas las visas a William y a Roberto Isaías en septiembre del 2003, invocando un Acta de Inmigración y Nacionalidad, por cargos de lavado de dinero.
Es probable que eso haya ocurrido, pero se las volvieron a dar porque comprobaron que no había ningún sustento.
¿Dónde tienen estampadas sus visas, si en febrero del 2008 el Gobierno dispuso que se suspendiera la renovación de pasaportes a los ecuatorianos buscados por la justicia nacional?
A William Isaías, hace dos años, le tocó renovar su pasaporte y fue al Consulado ecuatoriano en Miami, donde le negaron el trámite, por ese decreto del presidente Rafael Correa. El Gobierno así lo declaró apátrida, porque le dio la gana. Eso es atentatorio contra los derechos humanos y contra el principio de la ciudadanía universal garantizado en la Constitución ecuatoriana.
¿Entonces usted señala que esa medida se tomó con dedicatoria para los hermanos Roberto y William Isaías?
Ese decreto es puro proselitismo político del Presidente, un show mediático oficialista, que no repara en el daño de quitarle la nacionalidad de hecho a un ecuatoriano que vive en el exterior.
¿Entonces, cómo puede estar William Isaías en EE.UU. si no tiene pasaporte?
Tiene estampada su visa en un salvoconducto.
Y en el caso de Roberto Isaías, ¿qué ocurrió?
Él tiene su pasaporte vigente.
En otra parte del cable de Kenney se señala que los Isaías, a través de su gran red de influencias, han ejercido presiones a todo nivel en el campo judicial, con apoyo del Partido Social Cristiano.
Eso fue muy debatido en Ecuador en el 2003, incluso la fiscal Mariana Yépez fue llamada a juicio político y absuelta. Su dictamen dice que no hay evidencia de que hayan cometido peculado, y que así hubiese evidencias ese delito se tipificó para los administradores de los bancos en 1999, cuando los Isaías dejaron Filanbanco en diciembre del 98. O sea que este tipo penal no los cubría en ninguna forma.
Pero existe toda la evidencia acumulada en el proceso, incluidos sendos informes de organismos de control y los fallos sucesivos de llamado a plenario en su contra.
No hay evidencias sólidas que lo prueben. La Fiscalía en este proceso lo único que ha hecho es sobreponer piezas anteriores. Armando Bermeo que los llamó a juicio plenario era presidente de la Corte Suprema, y era de la Izquierda Democrática (ID); Juan Falconí, enemigo de los Isaías, era superintendente, y también de la ID. El 2009 les confirmaron el auto de llamado a plenario, en medio de declaraciones de Correa en contra de los hermanos Isaías.
De todas maneras, en el campo judicial hay fallos que los acusan en derecho.
No hay peculado. Según el dictamen de la fiscal Yépez hubo alteración de balances, porque los créditos de liquidez que les entregó el Banco Central (BC) los pusieron en una cuenta por pagar a bancos nacionales, cuando debieron ponerlos en una subcuenta por pagar al BC.
¿Pero también se estableció un desvío de los créditos a cuentas fuera del país?
Cuando los hermanos Isaías obtuvieron los préstamos, ellos los cubrieron con garantías de hasta el 140% de cartera triple A. Además, el Central nunca transfirió un solo centavo a las cuentas de los Isaías. Los pagos se hacían directamente a las entidades que les concedieron créditos y a las personas que tenían sus depósitos y los sacaron de Filanbanco.
No obstante, la Fiscalía ha avanzado con el proceso de extradición en Washington, y completó el expediente.
Hay una persecución orquestada por los mismos personajes aunque han cambiado los gobiernos: siempre fueron Pedro Delgado y Juan Falconí. Precisamente, ambos planificaron en el 2008 todo el operativo de incautación. Ese día Falconí estuvo en el Palacio de Gobierno y le hizo nombrar a Carlos Bravo, que es su abogado, para las incautaciones. Después las firmas incautadas han sido administradas por Delgado.