12 de June de 2010 00:00

Medios protestan contra ‘Ley mordaza’

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Roma.

La prensa italiana protestó ayer contra una ley que regula las escuchas policiales e impone multas a los medios que publiquen transcripciones. La ley, que pasó un primer obstáculo con un voto de confianza en el Senado, es fuertemente rechazada no solo por la mayoría de los medios, sino también por magistrados que dicen que dificultará su lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Ayer, el diario nacional de tendencia izquierdista La Repubblica salió con una primera página en blanco, sin noticias, únicamente con una pequeña nota amarilla tipo “post-it” que decía “La ley mordaza negará a los ciudadanos el derecho a estar informados”. “Sacamos una primera plana en blanco para decir a los lectores (...) que la democracia ha sido invalidada”, dijo La Repubblica en un editorial de su redactor jefe, Ezio Mauro. El periódico Corriere della Sera habló de “un día negro” para la justicia y L'Unita, el diario del mayor partido de la oposición, utilizó para su titular una tipografía que se usaba cuando el dictador fascista Benito Mussolini controlaba los medios. El primer ministro italiano Silvio Berlusconi asegura que la nueva norma es necesaria para proteger la privacidad, pero la oposición acusa al Gobierno de maniobrar para encubrir la corrupción con otra ley hecha a medida, tras aprobar otras normas para evitar su procesamiento mientras esté en el cargo. El sindicato de periodistas ha convocado una huelga para el 9 de julio y prometió una “resistencia total, indefinida”. Los partidos de la oposición dicen que están dispuestos a llevar su recurso al Tribunal Constitucional si la ley es aprobada en su forma actual en la Cámara de Diputados, algo que es muy previsible dado que la centroderecha tiene también mayoría allí.La Stampa de Turín dijo que la ley pretendía “bajar el telón” a la denuncia de escándalos y rechazó las afirmaciones de Berlusconi de que protegería la privacidad. El proyecto de ley había languidecido en el Parlamento durante meses. Pero el Gobierno la desempolvó después de que algunos periódicos publicaran transcripciones filtradas de una investigación de corrupción sobre contratos de obras públicas que ha afectado al gabinete y ha llevado a dimitir al ministro de Industria, Claudio Scajola. Los editores que violen la ley podrían ser multados con hasta 450 000 euros, mientras que los periodistas se arriesgan a tres años de cárcel.

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