22 de December de 2010 00:00

‘La libertad de expresión, en riesgo’

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Caracas.

Las dos leyes aprobadas esta semana por la Asamblea Nacional para regular los contenidos en Internet y dar más control al Estado sobre las telecomunicaciones ponen en peligro la libertad de expresión. Según los analistas, además, obligarán a los medios a autocensurarse en su labor diaria.

A dos semanas de que se inicie un nuevo período legislativo donde el oficialismo ya no tendrá una mayoría aplastante, el Parlamento aprobó reformas a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y a la Ley de Telecomunicaciones. Se incluyeron limitaciones a Internet y endureciendo las restricciones a radios y televisoras.

Así, se establecen sanciones por difundir mensajes que pudieran hacer apología del delito, constituir manipulaciones mediáticas dirigidas a fomentar zozobra en la ciudadanía o desconocer a las autoridades legítimamente constituidas, según el texto de la ley.

“El Gobierno pretende pasar una gran cortina que impulse a los medios independientes a autocensurarse por miedo y pone en peligro el derecho de los usuarios a usar libremente Internet” , declaró la comunicóloga Gloria Cuenca, profesora de la Universidad Central de Venezuela.

“Sobre todo en lo que se refiere a Internet, lo que más nos angustia es el temor a que pasemos a una situación de bloqueo de contenidos como en China o Cuba”, dijo.

La ley también incrementa las multas a los medios radioeléctricos, que llegarán al 10% de los ingresos brutos del año anterior. Además, la suspensión del servicio por 72 horas continuas; más la revocación definitiva de la señal si se reincide en alguna falta.

La ONG Espacio Público, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, señaló que la ley “ limita seriamente la difusión de ideas, el debate y el pluralismo tan necesarios en una sociedad democrática”. Se establecen “sanciones agravadas que alimentan la inhibición y la autocensura”, advirtió.

El presidente Hugo Chávez, cuyo gobierno controla cuatro televisoras, cinco radios y un periódico de alcance nacional, y cuenta con un periódico y una extensa red de medios comunitarios afines, aseguró que no se busca “limitar” Internet sino regularlo”. “Hay que proteger al pueblo de la violencia, de la pornografía y del anonimato”, explicó Chávez, que mantiene una tensa relación con los medios privados.

El diputado oficialista Manuel Villalba, de la comisión de medios del Parlamento, aseguró que “no es verdad que se va a imponer censura o restringir el acceso a Internet. Aquí lo que se busca es que cada quien sea responsable de las opiniones que pueda emitir en un programa de radio o de TV ” .

En la ley se declara de servicio público el establecimiento y explotación de redes de telecomunicaciones y la prestación de estos servicios. “Con la declaración de servicio público hay una amenaza latente a los medios de comunicación. El Estado se reserva por completo la administración, vigilancia y tenencia de radios y televisoras”, dijo el secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz.

La nueva ley facilita al Estado obtener las acciones de los medios. Por ejemplo, cuando muera un accionista de una radio o televisora el Estado tendrá prioridad para obtener su participación.

Por su parte, Cuenca aseguró que el Gobierno busca restringir a medios independientes porque “atribuye las derrotas electorales a la información. No ve que su problema es la ineficiencia oficial y no la información libre” .

 Gobierno: no hay vuelta atrás en expropiaciones

La decisión del Gobierno venezolano de ocupar 47 fincas en una rica zona agropecuaria del oeste, y que provocó la protesta de productores, “no tiene vuelta atrás”, aseguró ayer Elías Jaua, vicepresidente de la República.

La toma de los predios en distintas localidades de la zona del Sur del Lago Maracaibo, que abarca tierras de los estados Zulia y Mérida, son “procedimientos que no tienen vuelta atrás” , dijo Jaua desde El Vigía, en el corazón de la región agropecuaria, a donde viajó para supervisar las acciones. “Era necesario, justo y legal hacerlo”.

Militares se desplegaron este fin de semana en las fincas, que suman unas 24 000 hectáreas, tras la orden del presidente Hugo Chávez de ocupar estas tierras que considera ociosas, para darlas a los damnificados por las fuertes lluvias recientes.

El Gobierno “no tolerará los llamados a la desobediencia y a la rebelión”, dijo el Vicepresidente.

Productores y trabajadores de las haciendas bloquearon caminos, impidieron el paso a los militares y ayer seguían movilizados en rechazo a la medida, aunque algunos de ellos han asegurado que están dispuestos a dialogar con el Gobierno que, por su parte, afirmó que negociará con los dueños de 16 de las 47 fincas expropiadas, que son más pequeñas.

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