29 de July de 2010 00:00

La Ley Arizona, sin el capítulo controversial

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Olga Imbaquingo

La ley contra los inmigrantes indocumentados de Arizona no se puede anteponer a la Ley federal. Ese es el fallo parcial que la jueza Susan Bolton anunció ayer a pocas horas de que la controversial norma legal entrara en vigencia.

Bolton determinó que no es legal pedir los documentos por parte de la Policía a los inmigrantes en las calles y que ellos no están obligados a siempre portar un documento de identificación. Esa era una de las partes más polémicas de la legislación estatal que pasó el 23 de abril en Arizona.

“Que la Ley de Arizona exija a las fuerzas del orden y sus agencias determinar el estatus migratorio de cada persona que es arrestada es una carga pesada para los inmigrantes que están aquí legalmente porque les restringe sus libertades mientras su situación migratoria es comprobada”, dijo.

Según la jueza, ese pasaje debe ser suspendido hasta la corte lo resuelva. En cambio, otros pasajes de la Ley 1070 de Arizona entraron en efecto esta madrugada, pero son más bien de procedimiento que de orden constitucional.

La jueza lo que hizo con la Ley de Arizona fue “escoger cerezas”, como se dice en Estados Unidos. Es decir no falló sobre toda la Ley sino sobre algunos puntos a la espera de seguir escuchando más argumentos y dar su fallo final en un futuro aún no determinado.

La decisión de la jueza es vista como un aperitivo de una futura victoria para los inmigrantes y para la administración del presidente Barack Obama, quien decidió querellarse contra el estado de Arizona por cruzar los límites. Bajo la Constitución estadounidense es el Gobierno Federal quien tiene la obligación de regular el tema de inmigración.

“Aquí no más que estamos llenos de contento. Es un fallo parcial, pero con el favor de Dios quizá podamos vencer en noviembre”, le dijo a este Diario la mexicana Isabel Zapata, desde Phoenix. Ella apenas escuchó la noticia corrió al Capitolio para abrazarse y rezar con sus compatriotas. Zapata tiene papeles pero asegura que por su color de piel puede convertirla en víctima de un perfil racial. “Mi familia y yo tenemos papeles, pero lo que la gobernadora Jan Brewer no más quería voltear a los blancos en contra de los latinos y eso no se vale”.

El padre de origen ecuatoriano Fausto Peñafiel esperaba el avión en Miami de regreso a Phoenix cuando se enteró de la decisión de la juez, y dijo que “es una noticia magnífica. Estoy feliz de escuchar esto porque sé que para la gente de mi parroquia es una alegría”.

El sacerdote contó que en su iglesia, ubicada en una de las barriadas más pobres de Phoenix, se llegó al punto de expedir diariamente cartas de recomendación para los que se iban a Nevada, Illinois y otros estados.

“Mucha gente vendió sus autos al precio que les daban para irse por temor a que la ley entre en vigencia. Les pedí que esperaran un poco pero el miedo pudo más. De mi parroquia un 25% se fue de Arizona”.

Para los inmigrantes, la victoria es parcial y como dice Peñafiel “la batalla continúa”. La gobernadora Jan Brewer ya anunció que apelará. “Es un bache temporal en el camino, seguiremos adelante y estoy segura que después de varias consultas apelaremos”, dijo.

En los alrededores del Capitolio el sentir era de una victoria cauta. “Lo están tomando tranquilo. No saltaron de alegría, porque no es un triunfo definitivo. Escucharon la noticia, cerraron los ojos y se pusieron a rezar y otros a llorar”, contó Byron Salazar, de la Asociación de Ecuatorianos en Arizona.

El médico ecuatoriano Fernando Noboa fue más cauto. “La pelea va a continuar y va a ser muy dura, porque hay mucha gente a favor de la Ley”, afirmó.

Un estado fronterizo desértico

Arizona, al suroeste de Estados Unidos, es un estado desértico. Sus temperaturas pueden sobrepasar fácilmente los 43 grados centígrados en verano. Es muy conocido por su paisaje desértico, sus cactus y la cosmopolita ciudad de Phoenix.

Se estima que en Arizona hay 460 000 inmigrantes indocumentados, la mayoría procedente de México. Los ecuatorianos que viven allí son unos 10 000.

Según los datos del 2006, Arizona tenía una población estimada de 5 567 378 habitantes. La mayoría del estado está escasamente habitado: la mayor parte de la población de Arizona se concentra en dos centros urbanos: Phoenix, la ciudad con mayor crecimiento de Estados Unidos, la mayor ciudad y capital del estado, y Tucson.

Las normas  que no se aplicarán en Arizona 

La Policía  determinará el estatus de inmigración de una persona que detuvieran o arrestaran, en caso de sospechar que  se encuentra en el país ilegalmente.

Autorizar el  arresto de un individuo donde hubiera una causa probable de que la persona haya cometido un delito que la haga elegible para la deportación.

Crear un estatuto  delictual por no  portar documentos de registro inmigratorio. Crear un estatuto para inmigrantes que buscaran, solicitaran o realizaran un trabajo.

Los inmigrantes  deben portar sus documentos migratorios en todo momento. En caso de no portarlos se habilita a la Policía a detener a la persona en cuestión.

Las normas que sí se aplicarán en el estado

Se considera   ilegal que una  persona detenga su vehículo para recoger a un jornalero y que ese trabajador ingrese a un vehículo motorizado si impide el tráfico.

Se permite a residentes con papeles   demandar a cualquier funcionario o agencia estatal por adoptar una política que restrinja el cumplimiento de las leyes de inmigración.

Se considera un delito  nuevo que una persona transporte o refugie a un inmigrante indocumentado, o aliente o induzca a ese individuo a ir o a vivir en el estado de Arizona.

La Ley  prohíbe  a entidades como los concejos de las ciudades o los departamentos de la Policía, establecer como política el ignorar las leyes de inmigración federales.

Se permite  que los ciudadanos sometan demandas judiciales si se ignoran esas leyes. La intención es modificar la aplicación de la ley de la política pública sobre  inmigración.

Las autoridades deben alertar al Gobierno federal cuando un indocumentado, condenado por cualquier crimen, sea puesto en libertad o paga una multa para resolver el caso.

 

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