El ex dictador argentino, Jorge Rafael Videla, se encuentra desde el miércoles entre las sombras de una cárcel común. Con sus 85 años, allí purgará hasta el resto de sus días por los crímenes de lesa humanidad que cometió cuando lideró el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Fue en el marco de una mega causa que involucró a 29 militares y policías por torturas y fusilamiento de 31 detenidos políticos en Córdoba, a quienes se les aplicó la ‘ley de fugas’ entre abril y octubre de 1976. Era un método de exterminio utilizado por la dictadura, que perduró hasta el 10 de diciembre de 1983, tan solo superado en crueldad por los ‘vuelos de la muerte’ (desde aviones tiraban al mar a las víctimas, aún vivas y anestesiadas).
Esta medida de la Justicia, sin embargo, fue también la oportunidad de entender la diferencia entre Estado de facto y Estado de derecho. Aquellos 31 detenidos eran militantes de las organizaciones del peronismo de izquierda (Montoneros) y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Fueron capturados cuando Argentina aún vivía un régimen democrático, presidido por Estela Martínez viuda de Perón, más conocida como Isabelita. Estaban a disposición de un juez. Sin embargo, a raíz del golpe, fueron fusilados sin condena alguna. Videla y los demás militares vivieron, en cambio, un proceso público con derecho a la defensa.
Quizá nadie sepa lo que estará pensando Videla en su intimidad. La única certeza es que va ‘en cana’ (preso) convencido de su actuar. Si aún espanta que en 1977 dijera que “los desaparecidos no están vivos ni muertos, son una entelequia, están desaparecidos, no tienen identidad”, más aún lo hizo en su último alegato ante el Tribunal Oral Federal.
Defendió y justificó totalmente la actuación de la Junta Militar. Entendió que se llevaba adelante una guerra atípica, con fuerzas irregulares que se “mimetizaban” con la sociedad, sembraban el terror y que se encuentran ahora en el Gobierno instaurando el “marxismo”. Se defendió recurriendo a figuras de la política democrática de aquellos tiempos que lo habían impulsado a la interrupción de la democracia. Sobre todo se refirió al líder de la Unión Cívica Radical (UCR), Ricardo Balbín.
“Videla -que Dios lo perdone- no califica moralmente. Una persona que fue capaz de hacer lo que hizo miente y desacredita a quien ya no está vivo para responderle. Nadie duda acerca de la actitud de Balbín con relación a aquel golpe, con el esfuerzo de salvar las instituciones. No vamos a establecer equivalencias a la palabra de Balbín con la de un genocida. ¡Por Dios!”, dijo el líder de la UCR, Ricardo Alfonsín.
Muchos quisieron aprovecharse de la defensa de Videla para ensuciar a la UCR vinculándola con el golpe. Sobre todo desde sectores más radicales del kirchnerismo. En el programa más exitoso de la televisión pública, 6-7-8, pasaron insistentemente imágenes de Balbín, quien, en 1976, dijo: “Me piden soluciones y no las tengo”. Los militares lo entendieron como una justificación para el golpe porque ellos ‘sí tenían la solución’ (30 000 desaparecidos, afectación de la industria, crecimiento del deuda de USD 372 millones a USD 6 000 millones).
El filósofo José Feinmann, quien escribió un libro sobre el peronismo de 700 páginas, debió aclarar los errores que a veces la memoria comete.
El gobierno de Isabelita era ‘un mamarracho’, según los argentinos. El país vivía momentos tormentosos. El verdadero poder lo manejaba José López Rega, que fundó la Alianza Anticomunista Argentina (triple A) con el que se comenzó a perseguir no solo a montoneros y del ERP, sino a intelectuales y artistas. La subversión explotaba bombas, secuestraba personas, asesinaba a líderes políticos de la derecha. El clima de violencia y caos que se vivía desesperaba en muchos sectores. Desde todos lados se pedía que hubiera una solución, hasta miraron con alegría el golpe.
De hecho, cuando volvió la democracia en 1983 dejó en claro cuáles fueron los roles de peronismo y radicalismo respecto a la dictadura. El candidato peronista Ítalo Luder proponía apenas revisar la ley de autoamnistía firmada por el último militar en la Casa Rosada, Reynaldo Bignone. El radical Raúl Alfonsín dijo tajantemente “la vamos a derogar”.
Alfonsín logró un hecho histórico: enjuiciar a la junta militar que condenó a prisión perpetua a Videla por crímenes de lesa humanidad en 1985. Pero en 1986, presionado por los militares, firmó la Ley de Punto Final (plazo de 60 días para procesar a los acusados por violación de DD.HH.).
En 1987, la sublevación militar de los carapintadas obligó a otra ley: obediencia debida, que eximía a los militares, desde coroneles para abajo, a cualquier juicio porque actuaban bajo el régimen de la obediencia a sus superiores.
Fue el peronista Carlos Menem quien indultó a Videla en 1989. Años después, desde que el peronista Néstor Kirchner asumiera la presidencia en el 2003, hubo un proceso de recuperación de la memoria que se simbolizó cuando se ordenó que se bajara el cuadro de Videla del Colegio Militar.
La cronología
Marzo 1976
Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti derrocan a Estela Martínez, viuda de Perón.
1978
El país gana el Mundial de Fútbol. Cerca del estadio estaba el centro clandestino de tortura.
1981
Asume la presidencia Leopoldo Galtieri. Un año más tarde ordena la invasión de las Malvinas.
1984
Ernesto Sábato entregó el informe ‘ Nunca más’ que sirvió de base para el histórico juicio a las juntas militares.