5 de February de 2014 11:50

Fujimori sostiene que no respetan su derecho a la defensa en juicio

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El encarcelado ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) cuestionó hoy, 5 de febrero, en las redes sociales que no le permitieran hablar durante la audiencia del martes, 4 de febrero, por la financiación ilegal de los periódicos ultrasensacionalistas conocidos como diarios 'chicha'.

"En los juicios, me quedo con la fuerte impresión (de) que no se respeta el pleno ejercicio del derecho a la defensa. ¿Está vigente el derecho a la defensa directa o solo del abogado defensor? ¿No puede ser ambos o es una decisión discrecional de la sala?", manifestó Fujimori a través de una carta publicada en su cuenta de Twitter.

El ex mandatario sostuvo además que tiene derecho a defenderse y a hacer uso de la palabra durante el proceso "desde el punto de vista lógico y humano, a diferencia de la justicia medieval". "Por lo que he leído en libros procesales penales, el imputado tiene el pleno derecho de argumentar contra los cargos fiscales y de los testigos", indicó Fujimori.

El martes la audiencia quedó suspendida después de que el ex mandatario tuviera que ser trasladado a un hospital por una crisis hipertensiva. De acuerdo con su abogado, William Castillo, Fujimori sufrió una subida de presión "debido a la frustración que siente al no poder intervenir en las audiencias", lo que no está permitido por las normas del proceso.

Fujimori, quien aún se encuentra internado, añadió en su carta que "está en franca recuperación". El ex mandatario, de 75 años, cumple desde 2007 una pena como autor mediato de 25 asesinatos y dos secuestros, y es acusado de haber extraído USD 122 millones ilícitamente de fondos de las Fuerzas Armadas para financiar los 'diarios chicha' que durante su gobierno atacaban a la oposición.

El juicio por los diarios 'chicha', que en la práctica no ampliará la condena para el ex gobernante porque en el Perú solo se cumple la mayor (de hecho, también tiene varias sentencias por corrupción que no cuentan a efectos prácticos), no se desarrolló antes porque se necesitaba permiso de Chile, país cuya Justicia entregó al ex presidente en extradición.

Por el nuevo caso, la Fiscalía pide ocho años de prisión y el pago de una reparación civil por tres millones de soles (USD 1,1 millones).

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