11 de May de 2010 00:00

El estado de excepción con pocos resultados

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Asunción.

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A 11 días de decretado el estado de excepción en cinco departamentos de Paraguay, se produjo la captura de un presunto miembro del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Esto en medio de una serie de cuestionamientos a esta polémica medida.

La primera detención de un supuesto integrante del EPP se produjo en el departamento de Boquerón, en la región Occidental, el cual no se halla bajo el estado de excepción.

Esta disposición, prevista en la carta magna y que restringe derechos fundamentales como los de reunión y manifestación, rige desde el 25 de abril en cinco de los 17 departamentos del país: Concepción, San Pedro, Amambay, en el norte de la región Oriental, y Presidente Hayes y Alto Paraguay, en la región Occidental, zonas donde actuaría el EPP.

Desde la entrada en vigor del estado de excepción hasta inicios de esta semana se detuvo a 84 personas, 31 de las cuales tenían orden de captura. Pero las detenciones efectuadas por las fuerzas militares y policiales respondieron mayoritariamente a falta de documentación en regla, delitos de estafa y abuso sexual, y no por vinculación al grupo armado.

A esto se añade la captura el jueves 6 de Julián Ortiz Achucarro, quien integraba la nómina de prófugos del EPP difundida por el Gobierno tras la liberación del ganadero Fidel Zavala en enero.

Zavala fue secuestrado en su estancia de Concepción y estuvo en cautiverio 94 días. Las críticas de las organizaciones de derechos humanos y de la oposición política al gobierno centroizquierdista de Fernando Lugo se agudizaron con el transcurso de las operaciones de las fuerzas de seguridad, que involucran a un contingente de 3 000 efectivos militares y 300 agentes policiales.

“Estamos recibiendo denuncias de que los militares y policías están extorsionando a la gente común, con supuestas multas por no tener sus documentos en regla”, dijo a IPS Juan Martens, abogado de la no gubernamental Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).

La Codehupy ha expresado insistentemente su preocupación ante lo resuelto por los poderes Ejecutivo y Legislativo, señalando que el país no se halla en conflicto armado internacional ni existe conmoción interior que amerite el estado de excepción.

“Los efectivos tienen la idea de contar con carta blanca para hacer lo que quieran en estos sectores. No hay incursión en los montes, todos los operativos se hacen en las ciudades”, indicó Martens.

Los integrantes del EPP, según los propios organismos de seguridad, se desplazan por territorio boscoso, de difícil acceso. Para el senador Sixto Pereira, del oficialista Partido Popular, la evaluación debe ser cautelosa. El supuesto grupo armado estaría conformado por un reducido número de personas, responsables, entre otros delitos, del secuestro extorsivo de personas, y con vinculaciones al narcotráfico.

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