13 de March de 2012 14:55

El embargo de la vivienda a una ecuatoriana en España no se cumplió, lo intentarán en 17 días

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Es difícil tener la cabeza fría en estos casos. Cuando a Kelly Herrera le dicen que la Policía ha llegado a expulsarle de su casa empieza a vomitar. Intenta contenerse pero no hay manera de evitar el dolor, la impotencia, la injusticia. Todo repercute en su salud. La tensión le ha subido a máximos, está mareada y las lágrimas se escapan por inercia. Las comisarias judiciales llegan con retraso al desahucio de la vivienda en la que ha residido, junto a su familia, los últimos seis años, en el barrio Pueblo Nuevo (noroeste de Madrid). Les resguardan dos policías. Están a la defensiva, advierten una y otra vez a los reporteros que no les fotografíen. También se presenta el procurador de Caja España, el banco que le desahucia.

Peso a todo Kelly y su esposo Nelson Castillo, ecuatorianos de Huaquillas, muestran cortesía, buenas formas. Reciben el apoyo de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España, Conadee, que asisten su caso y han acudido a acompañarles. Solo unos cuantos caben en el piso de 58 m2, abarrotado de periodistas. El resto está en la calle, gritándole a los banqueros “Vergüenza, vergüenza” y exigiéndoles la dación en pago para familias como las de estos compatriotas.

Caja España no aceptó ni la dación en pago ni la rebaja de cuotas; toda alternativa propuesta por Nelson -cuando vio que ya no podía cubrir la hipoteca- fue rechazada. La familia pasó de desembolsar 900 euros mensuales a pagar 1 420 en solo año y medio. Él ganaba en la hostelería 1 000 euros al mes y su esposa, que percibía unos 800 euros, perdió su empleo. La hipoteca se volvió impagable. Tienen dos hijos, una chica de 17 y otro de 11. “Mis hijos están afectados aunque mi niña intenta no demostrarlo. Para el pequeño es muy duro. Se pregunta ¿Ahora a dónde vamos?”, cuenta Nelson.

Los problemas empeoraron cuando el banco le dijo que empezaría la ejecución del piso. Le quitarían la vivienda, se quedaría con deuda y los 45 000 euros que había pagado durante cuatro años no los recuperaría. A ello se suma una inversión de 20 000 euros que destinó para reformar la vivienda.

“Estaba tan decepcionado que me daban ganas de decirles ‘tomen, llévense el piso’. Pero reaccioné: ya que van a quitármelo y encima me dejan con deuda, al menos voy a luchar y dar a conocer mi caso”.

Lo paradójico es que los connacionales son víctimas de una presunta estafa, en la que está imputado Enrique Caño, ex propietario de la inmobiliaria Central Hipotecaria del Inmigrante. Este español aplicaba la práctica ilegal de avales encadenados. El requisito para adquirir una vivienda era avalar otra, generalmente de un desconocido, o incluso ser copropietario. Así, Nelson se convirtió en deudor de su casa y del piso que avaló. “Sé que estas personas ya han dejado de pagar y que me va a repercutir”, lamenta.

“Se gestionó el riesgo de forma piramidal, si caía uno caían todos”, explica Francisco Mayoral abogado de la Plataforma, que presta sus servicios gratuitamente a los Castillo.

10 familias han denunciado a Caño, pero se estima que son muchas más. En su segunda declaración, el imputado llegó a reconocer que recibía comisiones de los bancos por firmar estas hipotecas abusivas. Trabajaba sobre todo con Caja España, Caja Madrid y Caja de Ahorros del Mediterráneo. La primera no ha presentado los documentos requeridos por el juzgado que investiga el caso. “Nos habría gustado que el despliegue policial que ha habido hoy, se hubiera destinado para exigir a Caja de España esa información”, reclama Mayoral.

Las funcionarias judiciales se reúnen con Nelson, su abogado y el representante del banco. Kelly permanece en el sofá, ya no tiene fuerzas para negociar. El letrado argumenta motivos humanitarios. Entre otras cosas, los hijos de la pareja asisten a un colegio a dos calles de la vivienda y están en pleno año lectivo. El banco desestima estas razones, pero reconoce que no ha llevado el equipo suficiente para transportar los muebles. Las comisarias posponen el desahucio para el 30 de marzo. “Que quede claro que al banco le interesan más los muebles que las personas”, exclama el letrado.

Kelly recibe atención médica, el SAMUR (Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate) ha acudido hasta su domicilio para tratarle la presión. La ecuatoriana además tiene una pierna afectada por una caída. Ha sido intervenida y volverá a operarse dentro de poco. No puede trabajar.

Un equipo de psicólogos de la PAH no le deja sola. Su trabajo con los afectados empieza por eliminar sentimientos de vergüenza y culpabilidad. “El banco se encarga de crearlos. Les llaman las 24 horas del días para decirles “sois unos morosos, nos habéis robado”, dice Tatiana Roeva, quien también fue afectada y logró la condonación de su deuda. “Vemos muchos cuadros de ansiedad, depresión y en el último mes hasta suicidios. En Valencia un hombre se suicidó delante de la comisión judicial, lo subieron a la ambulancia y ejecutaron el desahucio. Qué terrible. Hemos perdido el norte”, añade indignada.

Durante este tiempo Mayoral insistirá a los jueces aplicar el artículo 13 de la Ley del Enjuiciamiento Criminal, según el cual dentro de las diligencias de instrucción debe primar la protección de las victimas de delitos. En este caso de los perjudicados por Caño. “El articulo dice que se deben tomar las medidas oportunas para limitar los efectos del delito. Sería evitar el lanzamiento a la calle de una familia sin una alternativa habitacional, que agravaría el daño provocado por la estafa”.

Nelson respira aliviado. Es un optimista. Cree que la postergación del desahucio es una buena medida, porque refleja esperanza. Kelly sonríe a ratos, sus amigas se han empeñado en hacerle bromas para distraerla.

MÁS DETALLES

- El crédito hipotecario de la familia Castillo es de 220 000 euros por un piso de 58 m2. Se estima que el inmueble hoy cuesta la mitad debido a la desvaloración del mercado inmobiliario.

- Caño hizo firmar a Nelson Castillo letras en blanco por 8 000 euros.

- Castillo deberá pagar además 48 000 euros de costas judiciales.

- En España se han producido 150 000 desahucios desde el 2007 y se han iniciado 300 000 trámites de ejecución hipotecaria.

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