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Embajadora de Ecuador en España preocupada por retiro de tarjeta sanitaria; Migrantes califican de “equivocada” e “injusta” la medida

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25 de April de 2012 12:22

La embajadora de Ecuador en España, Aminta Buenaño, envió una nota a la cancillería española en la que expuso su “preocupación” por la medida adoptada, en especial en relación a los ecuatorianos irregulares “sobrevenidos”, como se llama a los que dejaron de ser regulares al perder el empleo.

“Nos inquieta que este tipo de medidas -manifiesta la embajadora en su nota- afecten a un grupo vulnerable de nuestra comunidad que ha caído, contra su voluntad, en irregularidad sobrevenida, situación que se ha vuelto común por la fuerte crisis económica y el alto desempleo, que afecta en mayor medida a los extranjeros”.

La ministra de Sanidad, añade Buenaño, dijo que España “ofrecerá las prestaciones en reciprocidad con la que los españoles puedan recibir en otros países. Tenemos a bien comunicar -añade- que, por disposición constitucional, en Ecuador la atención sanitaria es gratuita para todas las personas que habitan en el país”, por lo que avanza la posibilidad de llegar a un “sistema formal de reciprocidad” y “acuerdo bilateral” al respecto.

Aida Quinatoa, presidenta de la coordinadora nacional de ecuatorianos en España, colectivo que sobrepasa las 500 000 personas, de ellas 306 000 de forma legal, criticó en declaraciones a ANSA la decisión por considerarla “equivocada e injusta, ya que los inmigrantes han realizado sus aportaciones a la Seguridad Social y han sido fuerza de trabajo en España”. “No hay razón justificable para que eliminen estos derechos legítimos de los inmigrantes”, añadió Quinatoa, señalando que entre el colectivo de inmigrantes ecuatorianos la decisión del gobierno ha sido recibida “con mucha preocupación”.

Muchos inmigrantes ecuatorianos abandonaron España desde el inicio de la crisis -el año pasado los ecuatorianos regulares cayeron un 15,1%- y muchos de los que permanecen en el país trabajan en la economía sumergida y por tanto están en situación irregular.

La ministra de Sanidad, Ana Mato (Partido Popular, centro-derecha), justificó la medida diciendo que “es necesario poner coto a la utilización ilegal e indebida que hacen algunos extranjeros de la sanidad española”.

El líder de la oposición, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, tachó la medida de xenófoba: “Están dando pábulo a una idea de que los inmigrantes usan y abusan de la sanidad, es xenófobo, es cruel y es ineficaz”. Los expertos señalaron que los inmigrantes no abusan de la sanidad y advirtieron que los servicios de urgencias ya se encuentran colapsados.

La medida “no va a suponer un ahorro de costes al incrementarse el uso de los servicios de urgencia”, dijo la ONG Médicos del Mundo.

La decisión del gobierno español de retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, en el marco de los recortes del sector, crean preocupación en colectivos latinoamericanos, entre ellos el ecuatoriano.

La medida, aprobada el pasado viernes por el gobierno en Consejo de Ministros, está incluida en el recorte de 7 000 millones de euros en sanidad como parte de la política de ajuste para reducir el déficit público del actual 8,4% al 5,3% a final de este año.

El decreto establece que los inmigrantes sin papeles perderán su tarjeta sanitaria, es decir, que no recibirán atención médica, salvo las urgencias, a partir del 1 de septiembre.

Hasta julio los inmigrantes que hayan obtenido la tarjeta sanitaria en situación irregular y estén ahora en condición legal deberán regularizar su situación médica.

Los niños y las embarazadas mantendrán la cobertura sanitaria completa, como establece la Ley de extranjería.

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