17 de August de 2010 00:00

La controversia por las fotos de una morgue continúa en Venezuela

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Caracas.

Revuelo y polémica ha causado en Venezuela la publicación, en primera página del diario El Nacional de Caracas, de una foto de cadáveres apilados en la morgue de Caracas.

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La imagen del matutino causó el viernes 13 la reacción de la Policía Científica y Criminalística, Cicpc, y de la Defensoría del Pueblo del país petrolero, que solicitaron medidas contra el periódico. La investigación se iniciará tras una denuncia de una organización estudiantil que acusó que esta imagen “vulnera el derecho a la integridad moral y psíquica de los niños, niñas y adolescentes, así como a recibir información adecuada a su formación integral”.

La Fiscalía informó además que interpuso un recurso de protección ante un tribunal para la protección de niños por “infracción a la protección de vida” porque con la publicación de esa fotografía “se estaría amenazando o violentando los derechos” de los niños.

La Defensoría del Pueblo también introdujo un recurso de protección en favor de los niños.

“La intención de algunos medios de comunicación de favorecer determinadas tendencias no debe dar pie a que se vulneren derechos fundamentales y en especial de un sector protegido como son los niños”, declaró Larry Devoe, responsable del área jurídica de esa entidad.

Ayer, Miguel Herique Otero, presidente editor del diario El Nacional, aseguró que la demanda interpuesta por los directores generales de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, a raíz de la publicación de una fotografía de la morgue de Bello Monte, en la página principal de este viernes, carece de basamento legal. Según explicó, los diarios impresos del país no se rigen por la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.

“Esas demandas no tienen ningún basamento legal, porque nosotros no somos radio ni televisión, para que nos apliquen un horario (de publicación) (...) en el archivo sale cuando se tomaron las fotos”. Reiteró su rechazo a la apertura del proceso legal, manifestando que el Gobierno debe dedicarse a buscar delincuentes.

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