Opositores a la ley antiinmigratoria aprobada en Arizona hicieron ayer un llamado a un boicot de esa medida promulgada la semana pasada.
El Consejo de Supervisores de San Francisco convocó a un boicot que podría poner fin a todos los contratos con empresas con sede de Arizona y suspender los negocios con ese estado. Para el supervisor David Campos, “hay consecuencias cuando uno apunta a todo un grupo”.
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración anunció que cambiará de sede una convención prevista en Arizona en otoño. “No podemos tener la conciencia tranquila si gastamos dólares de la asociación en un estado que deshumaniza a las personas que representamos y por las que luchamos”.
Phil Gordon, el abogado de Phoenix, la ciudad más grande de Arizona, aseguró que presentará una demanda para bloquear la medida. “Estamos evaluando si ir a la corte federal y estatal y pedir una orden restrictiva”.
La American Civil Liberties Union de Arizona también explora iniciar acciones legales. “Si uno parece o suena extranjero, será sometido a interrogatorios sin fin para que la Policía pueda confirmar la identidad y la ciudadanía”, dijo en una declaración.
De acuerdo con la nueva ley, la Policía está habilitada a detener a una persona en caso de no portar la documentación válida.
El Gobierno estadounidense estudia si la polémica ley cumple con las garantías constitucionales. La secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, señaló que “el Departamento de Justicia está revisando la ley de Arizona”.
Recordó que la ley SB 1070 no entrará en vigencia en los siguientes 90 días, lo que “otorgará tiempo… para estudiar si cumple con las garantías constitucionales”.
Ayer, el legislador republicano Lindsay Graham advirtió que la reforma migratoria en Estados Unidos “no tiene esperanzas de ser aprobada”, ante el aumento de la violencia en la frontera con México. El gobierno de México alertó a sus ciudadanos que viven en Arizona, que aumentará la presión de las autoridades hacia los sospechosos de ser inmigrantes indocumentados.
Ecuador condena la ley SB 1070
El Gobierno ecuatoriano condenó ayer la ley SB 1070, porque convierte en delito encontrarse en condición migratoria irregular, transportar y dar empleo a migrantes indocumentados.
El canciller Ricardo Patiño, en rueda de prensa con la secretaria nacional del Migrante, Lorena Escudero, denunció que la ley alienta la xenofobia y la discriminación, al caracterizar a la gente como posible irregular de acuerdo a su fenotipo y lenguaje.
Anunció que Ecuador, en los próximos días, abrirá un Consulado en Phoenix, Arizona, a fin de proteger a la comunidad de ecuatorianos que suman alrededor de 10 000 personas en ese estado. Adicionalmente, el Gobierno de Ecuador planteará este caso a nivel de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur), para su posterior tratamiento en los diálogos con EE.UU. Red. Mundo