6 de June de 2010 00:00

Bienes de la mafia, la encrucijada del Gobierno italiano

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Stefania Milan, IPS

En el pequeño pueblo italiano de Corleone, en el centro de Sicilia, 13 integrantes de una cooperativa, cinco de ellos pacientes psiquiátricos en rehabilitación, trabajan en tierras confiscadas a la Cosa Nostra, la mafia de dicha isla.

Cultivan maíz, tomates y garbanzos. También atienden a un almendral y un viñedo, de los cuales venden sus productos. Pero, la historia es más compleja, puesto que el hampa todavía constituye un motivo de preocupación.

Francesco Ancona, de la cooperativa Lavoro e non solo (No solo trabajo), vivió la discriminación. Esta se daba cuando cruzaba las tierras de un conocido jefe de la mafia para llegar a sus campos a sembrar. Cuenta que los llamaban “la cooperativa de los locos”.

Lavoro e non solo se inició en 1998 para rehabilitar a pacientes psiquiátricos mediante el trabajo agrícola. Desde el año 2000, le encomendaron unas 150 hectáreas de tierra confiscada a la mafia siciliana. Los miembros de esa entidad comparten diversas tareas en esas propiedades.

El trabajo con los pacientes psiquiátricos tiene una función social. La principal aspiración es promover una cultura antimafia en el territorio italiano.

Dicha cooperativa emplea a otros pacientes psiquiátricos, principalmente jóvenes del área de Corleone. También promueve campamentos anti delincuenciales que atraen a unas 600 personas a lo largo de dos semanas.

En Corleone vivió Bernardo Provenzano, considerado el jefe más importante de la Cosa Nostra. Él fue arrestado en el 2006, tras evadir la ley durante 40 años.

En una de las casas de Provenzano, decomisada por el Estado y otorgada a Lavoro e non solo, está por abrir un museo contra estas agrupaciones que incluirá un archivo histórico y una videoteca.

“Es muy difícil trabajar en un área donde la mafia todavía existe y continúa operando. Aunque los líderes hayan sido arrestados, sus familias todavía viven en el territorio, y no son exactamente anti-mafia”, dice Salvatore Ferrara, vicepresidente de la cooperativa.

En el 2004, el gobierno asignó 134 hectáreas a Lavoro e non solo en el pueblo de Canicattì (100 kilómetros al sudeste de Corleone), pero la mafia incendió el viñedo antes del traspaso y , en el 2008, cortó los brotes de unas 700 parras.

La cooperativa contrarrestó esas amenazas con una campaña llamada “adopte una vid”, a fin de recaudar fondos para replantar.

La agencia del gobierno que maneja los bienes confiscados a organizaciones delictivas informó que en el 2009 se confiscaron 1 223 empresas y 9 198 inmuebles en toda Italia.

Alrededor del 73% de esas propiedades fueron concedidas a organizaciones sin fines de lucro para que las utilizaran con fines sociales. Así lo señaló un informe de la Agenzia per le Onlus, red italiana de organizaciones no gubernamentales.

Dicho estudio señala que las propiedades confiscadas se utilizan de varios modos. Entre ellos se destacan los que combaten a los problemas sociales (21,7%), los que promueven las actividades culturales (18,3 %) y los destinados a las empresas de servicio público (17,4 %).

Se prevé que las personas con discapacidades serán las principales beneficiarias del programa.

Pero, el 42,9% de estas organizaciones sin fines de lucro enfrentan serios problemas financieros, dado que la mafia continúa planteando un desafío para ellas.

Para Stefano Zamagni, presidente de la Agenzia per le Onlus, el hampa es actualmente una organización económica, la cual emplea sus bienes para obtener y lavar dinero. “No tiene acceso al crédito. Este es el terreno donde debemos combatirla”, precisa.

A su juicio, no es suficiente con reclamar los bienes. La prioridad es reconvertirlos para asegurar de que produzcan ingresos y fuentes de trabajo para los ciudadanos.

Las posesiones confiscadas se convierten en laboratorios sociales para la creación de alternativas. No solo porque son propiedades decomisadas, sino porque encarnan un modelo de producción diferente, el cual presta atención a la sustentabilidad y a la legalidad, señala de Andrea Giolitti, de Libera, una red que actúa contra las operaciones de la mafia.

Otro de los inconvenientes es que la reasignación de bienes toma un período de ocho años luego de la confiscación. Además, el 57% de las propiedades decomisadas son entregadas en mal estado. Esto complica a la rehabilitación en las cooperativas. Además, las entidades financieras no ayudan con créditos.

Zamagni llamó a crear un fondo estatal que permita poner en funcionamiento a las organizaciones sin fines de lucro que reciben tierras y propiedades que anteriormente estaban bajo control de las agrupaciones del hampa.

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