La Asamblea Nacional (Parlamento) venezolana, dominada por adeptos al presidente Hugo Chávez, pisa el acelerador para aprobar leyes que el Gobierno considera cruciales antes de que asuma en enero un nuevo Legislativo con 40% de diputados de la oposición.
Leyes sobre el sector bancario, el poder popular o la administración pública ya han sido aprobadas en las últimas semanas. Otras más polémicas, como la reforma de la ley de Telecomunicaciones o la de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, son debatidas esta semana por los diputados, reunidos en sesión permanente.
La oposición cuestiona y dice que es un “paquetazo navideño” de leyes destinado a ignorar a la nueva Asamblea, que asumirá en enero. Estamos pidiendo que se frene esta aprobación de leyes y solicitamos, como diputados electos, una reunión con la nueva Asamblea y con la vieja, para que se respete a la gente, los electores y la Constitución”, pidió Julio Borges, diputado opositor elegido en los comicios de septiembre.
“Hay que dar la oportunidad a los nuevos diputados que representan la pluralidad del país para que debatan leyes importantes para los venezolanos”, dijo el gobernador opositor del Estado Miranda, Henrique Capriles.
Ayer, la Asamblea dio prioridad a la aprobación definitiva de una normativa que otorgará a Chávez el poder de legislar sin debate y por decreto durante un año. El Ejecutivo ha propuesto esta ley debido a la emergencia generada por las recientes lluvias, que han dejado más de 130 000 damnificados en Venezuela, lo cual requiere decretos y leyes urgentes.
El miércoles, el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Philip Crowley, estimó que Chávez está “socavando la voluntad del pueblo” al pedir estos poderes legislativos y recordó que “la separación de poderes (…) es un elemento esencial de la democracia representativa”.
Crowley “repite el discurso de la ultraderecha”, respondió Chávez durante un acto político transmitido en cadena nacional de radio y televisión, insistiendo en que la ley habilitante está enfocada en la emergencia por las lluvias. Además de esta ley, también será aprobada en estos días la reforma de la de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que ya recibió el visto bueno de los diputados en primera lectura el martes.
La finalidad, según la Asamblea, es “establecer el compromiso social” de los prestadores de estos servicios, incluyendo Internet y todos los medios electrónicos.
Según esta ley, los medios que en cualquier soporte difundan mensajes que “promuevan el odio y la intolerancia”, inciten al delito, caigan en manipulaciones mediáticas “dirigidas a fomentar zozobra” o “inciten al homicidio” serán objeto de sanciones.
“No se puede permitir que un servidor de Internet, escudado en la libertad de expresión, permita foros donde se estimule al odio social o al asesinato de ciudadanos. Es anticonstitucional”, explicó el vicepresidente Elías Jaua.
Pero para la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la nueva normativa entraña “una grave amenaza a la libertad de expresión y al derecho a la información”. Otra de las normativas debatidas en este fin de año en Venezuela será la reforma de la Ley de Telecomunicaciones, aprobada el miércoles en primera lectura, de la que finalmente fue suprimido el polémico artículo que creaba un punto único de acceso a Internet. En Venezuela, con una población de casi 29 millones, hay más de 7 millones de habitantes con acceso a la Red.
De otro lado, ayer el Congreso aprobó en primera discusión una reforma legal que prevé la inhabilitación de los diputados que cambien de partido político por el cual fueron elegidos.