16 de January de 2014 00:01

42 días para definir futuro de Petro

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Desde el pasado 9 de diciembre, cuando la Procuraduría General lo destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se ha debatido entre la salida y la continuidad en el segundo cargo más importante después de la Presidencia en Colombia.

Como alcalde elegido para gobernar la ciudad entre el 1 de enero del 2012 y la misma fecha del 2016, las cosas para Petro no han sido fáciles, según él, por su pasado rebelde. Las ideas inclusivas y de tono socialista del Movimiento Progresistas, en el que ahora milita, han generado en diversas ocasiones polémica en el país, además de algunos escándalos sobre su vida privada.

La prohibición de las históricas corridas de toros en la capital, así como la creación de centros móviles para la atención de drogadictos y la peatonalización de una de las más tradicionales calles del centro de Bogotá, entre otras, han hecho de la administración de Petro una de las más criticadas de la historia.

Los errores en el cambio del esquema de recolección de basura en Bogotá, ejecutado en diciembre del 2012, fueron la razón por la que la Procuraduría ordenó la destitución del alcalde. El dirigente izquierdista canceló los contratos que el Distrito Capital tenía con empresas privadas encargadas de esa tarea, con el objetivo de ahorrar costos, y le dejó la responsabilidad a la empresa pública de acueducto, lo que produjo una gran acumulación de basura en la ciudad que se extendió durante tres días.

Mes y medio para definir el desenlace del proceso

En una de sus más recientes publicaciones, la revista Semana afirma que para Petro corre "una cuenta en contrarreloj para tratar de salvar su carrera política" en los próximos 42 días contando desde hoy.

La revocatoria al mandato del alcalde -un proceso desarrollado paralelamente al de la Procuraduría- programada para el próximo 2 de marzo; las medidas cautelares que eventualmente aceptaría la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las demás tutelas presentadas por más de 300 seguidores de Petro son, para algunos analistas, las vidas que aún le quedan al burgomaestre.

Las opiniones en el país están divididas y mientras políticos y analistas creen que lo mejor es que el presidente Juan Manuel Santos acate la destitución y actúe de acuerdo con la institucionalidad, otros consideran que la salida del alcalde debe ser por razones judiciales y no "arbitrarias". El exprocurador y constitucionalista Jaime Bernal Cuéllar opina que el fallo de suspensión del Tribunal es una medida provisional que lo único que le da al Alcalde es más tiempo para mantenerse en el cargo debido a que "el efecto es que no se puede ejecutar la destitución".

Carlos Rodríguez Mejía, abogado de Petro, destacó que las acciones ante la CIDH son las que pueden salvar a su representado. "La estrategia internacional tiene más posibilidades de hacer respetar los derechos de Gustavo Petro y de los electores porque hemos observado que los agentes locales pueden ser sometidos a una presión mediática e institucional para amenazarlos, amedrentarlos e impedir que puedan cumplir libremente su función", aseveró.

Desde La Habana, las FARC expresaron ayer que es el procurador colombiano, Alejandro Ordóñez, quien "debe irse del cargo". Alias 'Rodrigo Granda', delegado de paz de la guerrilla, dijo que otros funcionarios "injustamente han sido destituidos e inhabilitados" también por la "furia tridentina del procurador", entre ellos la exsenadora Piedad Córdoba.

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