La solución de la problemática de “hipotecas basura” constituye una de las principales reivindicaciones de las plataformas de “indignados” y organizaciones de inmigrantes como la Coordinadora de Ecuatorianos en España. La acción conjunta de estos grupos ha evitado varios desalojos en todo el país.
Evitar los desalojos de personas que no han podido hacer frente a sus hipotecas debido a la falta de empleo derivada de la crisis económica es uno de los logros concretos de los “indignados” en España. Obstruyendo el paso de los agentes judiciales para que no puedan proceder al desalojo de las viviendas, los “indignados” han logrado paralizar varios desahucios en todo el país. En las acciones participan miembros de diferentes organizaciones como la plataforma ‘Democracia Real Ya’ o la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (Conadee), y es que la incidencia de esta problemática en el colectivo de compatriotas es bastante significativa.
El pasado 20 de junio la plataforma Afectados por la Hipoteca (APH) presentó un escrito ante los juzgados de Plaza de Castilla solicitando la suspensión de la ejecución hipotecaria para 10 familias “todas ecuatorianas” señala Aída Quinatoa, presidenta de la Conadee y también portavoz de la plataforma APH, “alrededor de 240 casos de compatriotas afectados por las hipotecas basura son los que están siendo documentados en la Conadee, en estos días se solicitó la suspensión de la ejecución hipotecaria de dos casos más, la próxima semana está prevista la solicitud de otros seis, y quedan unos 220 casos pendientes” afirma Quinatoa.
“Antes de solicitar la suspensión de la ejecución hipotecaria, en noviembre de 2010, los afectados ya presentaron una denuncia por estafa pero las autoridades todavía no han dado respuesta” indica la dirigente ecuatoriana. “No entendemos la exagerada demora en el dictamen de medidas cautelares de protección a los afectados” indica Rafael Mayoral, abogado de la Conadee, “cuando un afectado puede relacionar el contrato de préstamo con la existencia de un engaño cierto e idóneo para realizar un acto de disposición inducido por un tercero con ánimo de lucro estaríamos ante un tipo de estafa por lo que los contratos deberían ser considerados nulos.
Si hay denuncia, hasta la resolución judicial penal tanto el contrato como cualquier ejecución hipotecaria derivada de sus aplicación deberían suspenderse y esa es la situación que se advierte en los 10 casos para los que hemos solicitado la suspensión”, afirma.
En cuanto al resto de casos mencionados por Quinatoa, el abogado señala que seguirán trabajando en ellos, “tenemos conocimiento de la existencia de esos engaños o estafas pues existen muchos testimonios, pero evidentemente no tenemos la capacidad para iniciar acciones penales en todos los casos ya que esencialmente debemos tener el pleno convencimiento de tener prueba suficiente para iniciar la acción penal” apunta el letrado, para quien la Fiscalía General del Estado, tiene el deber de aportar los medios humanos y materiales suficientes para ahondar en la investigación, “ellos podrían recabar esas pruebas necesarias para abrir los procedimientos penales…, en este sentido, con fecha 14 de abril presentamos una solicitud a la Fiscalía General del Estado pidiendo la apertura de una investigación para el esclarecimiento de estos hechos” dice.
Para Mayoral el principal argumento para la existencia de estafa es la existencia de “una gestión piramidal del riesgo conocida como encadenamiento de avales, la cual constituye un tratamiento temerario del riesgo por parte de las entidades financieras que eran conocedoras de esos sistemas”.
En cuanto al anuncio del presidente Zapatero en torno a la ampliación del monto no embargable para quienes tengan deudas hipotecarias el abogado opina que se trata “una medida paliativa que no aborda el fenómeno en toda su dimensión condenando a un número importante de familias a la exclusión social”.
Según Mayoral, en los últimos días lo más destacable en torno al tema es la movilización de la propia sociedad civil ante una “injusticia manifiesta”. El abogado advierte que “España suscribió el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que en materia de desalojos forzosos incluye orientaciones generales que prohíben expresamente los desalojos de población vulnerable, sin alternativa habitacional y sin recursos efectivos de defensa y en estas ejecuciones hay esa privación de defensa efectiva del deudor frente al banco ya que no se considera la situación económica del hipotecado y mucho menos se entra en el contenido de los préstamos” .
En torno las acciones para evitar los desalojos, la presidenta de la Conadee, indica que éstas “constituyen un trabajo coordinado entre las diferentes plataformas, en nuestro caso como estamos en contacto con los afectados, informamos a organizaciones como ‘Democracia Real Ya’ o el ‘Movimiento 15 M’ cuando y donde está previsto un desalojo y ellos se encargan de movilizar a las personas que están concienciadas con esta causa” dice.
Las entidades de inmigrantes y las plataformas de “indignados” interactúan sobre todo en las asambleas de vecinos donde acuden las diferentes organizaciones.