Ni multa ni cárcel: trabajo comunitario

En el Hospital del Padre Carollo limpian las áreas verdes. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

En el Hospital del Padre Carollo limpian las áreas verdes. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

En el Hospital del Padre Carollo limpian las áreas verdes. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

No cometieron un delito mayor o una falta grave, pero irrespetaron las normativas de convivencia en la ciudad, o la Ley, y recibieron una sanción. Pagaron una multa o una condena no con dinero ni con días tras las rejas, sino con el sudor de su frente: se acogieron al trabajo comunitario.

Limpiar un poste, arreglar un juego dañado, recoger la basura de un parque o limpiar un grafiti de un muro son las formas más frecuentes mediante las cuales una persona que fue hallada culpable de una falta puede resarcir su mal. 
Con escoba en mano, se puede encontrar a Juan, de 19 años, quien fue pillado bebiendo en su automóvil en el sur luego de salir de clases; y a Andrés, sorprendido mientras grafiteaba una pared junto a sus amigos en Calderón.

Y a Alberto, culpable de estafa, pero también a Luis, quien por descuido chocó a un auto al irrespetar una señal y le causó heridas menores al otro conductor. 
Tanto las ordenanzas municipales como el Código Orgánico Integral Penal contemplan la figura de trabajo comunitario.

Es decir, puede beneficiar tanto a quien comete una infracción (en lugar de pagar la multa), como a quien es hallado culpable de un delito menor (en lugar de ir a prisión). En el primer caso es el comisario de Aseo, Salud y Ambiente del Municipio el encargado de permitir esa alternativa; en el segundo es un juez .
Según la Agencia de Control, en el 2016, 147 personas prefirieron esa opción. 


La semana pasada cuatro personas terminaron sus servicios en Calderón. A la administración Eloy Alfaro llegan en promedio unas tres personas semanales a realizar ese tipo de labores, generalmente jóvenes libadores.

Sebastián Cornejo, asesor de la Agencia Metropolitana de Control, explica que hay tres ordenanzas que brindan esa alternativa. Una de ellas es la 332, que habla sobre la disposición de residuos sólidos, pero a diferencia de las otras, condiciona esa figura únicamente para aquellas personas que no disponen de los recursos para hacer el pago . Si tiene trabajo o bienes, debe cancelar. 


Cornejo explica que esta normativa habla de un rango de cuatro horas de labor comunitaria, pero no detalla las actividades que debería realizar el infractor. Usualmente, se le asignan trabajos que mejoren el ornato de Quito. 
En cambio, la ordenanza 201 que habla sobre convivencia ciudadana, especifica que cualquier persona (sin importar si dispone o no de recursos) puede optar por el trabajo voluntario.

Pero esta normativa tiene un vacío legal, ya que no determina un rango de aplicación de horas. El tiempo de trabajo comunitario lo determina el comisario según su criterio. 
Cornejo asegura que justamente se ha planeado presentar una propuesta de instructivo para que se tome en consideración como anexo a la ordenanza y se determine los horarios de trabajo y los lugares. 


La Ordenanza 282 que regula aceras, fachadas, cerramientos, arbolado público y publicidad electoral sí tiene una disposición clara en la que se determina un cálculo específico; se compensa USD 10 por cada hora de trabajo.


¿Cómo es el cumplimiento?

José, de 23 años, fue sorprendido libando junto a sus amigos en Solanda. Luego de ser notificado, se puso a órdenes del comisario de aseo quien fijó los espacios donde José deberá limpiar la publicidad de los postes.

El joven debió firmar un acta de compromiso y deberá ingresar un archivo fotográfico de su trabajo. Finalmente el inspector recorrerá la zona y se asegurará de que el trabajo fue realizado.
Según David Guadalima, comisario de aseo de la zona Eugenio Espejo, los infractores tienen 30 días luego de que se le notifica con el auto de inicio, para solicitar la medida.


Hacer trabajo comunitario en lugar de ir a la cárcel es también una opción. Víctor Romero, juez de la Unidad Judicial de Tránsito de Pichincha, explica que el trabajo comunitario es una suspensión condicional de la pena que se aplica para delitos que no superan los cinco años de cárcel, que no sean contra el interés del Estado ni delitos sexuales, o violencia familiar.

Tampoco debe ser reincidente. Dependiendo de la pena,puede realizarse entre 180 y 240 horas de trabajo.
La judicatura coordina con la Unidad de Parques y Jardines del Municipio para el trabajo en espacios verdes y para verificar el cumplimiento de la sanción. Pero además contempla otro tipo de labores. 


Romero explica que en uno de sus casos, una doctora tuvo un accidente de tránsito y fue condenada a seis meses de cárcel, pero optó por esa figura y fue enviada al Hospital Baca Ortiz, donde debió hacer cirugías por seis meses. Pedro, en cambio, debió ir al Hospital del Padre Carollo a hacer trabajos en radiología, su especialización. Esa casa de salud es uno de los lugares donde los sentenciados por un juez pueden ayudar a la comunidad.

En Contexto


La Fundación Tierra Nueva es una de las entidades que acoge a quienes desean hacer trabajo comunitario. Marcela Cruz, directiva, explica que se les asigna tareas como ayudar en el centro de jóvenes, trabajos de limpieza, de jardinería...

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