15 de December de 2010 00:00

¿De Montecristi a la sumisión?

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León Roldós Aguilera

Con 89 votos a favor, cero en contra, 3 en blanco y 3 abstenciones se aprobó en Montecristi, el 24 de junio del 2008, la norma constitucional de la caducidad de la prisión preventiva del numeral 9 del Art.77 de la Constitución del 2008:

“Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto”.

El presidente Correa, el sábado 11 de diciembre repitió que la caducidad fue propuesta socialcristiana en la Asamblea de Sangolquí, que expidió la Constitución de 1998.

Los socialcristianos no estuvieron con la caducidad, porque no les convenía. Ellos tenían influencias vinculantes con los gobiernos que se turnaban, buena parte de fiscales y jueces les debían sus designaciones y la permanencia en sus cargos; y del Gobierno central dependían las mazmorras infectocontagiosas que se llaman prisiones, cárceles y aun los llamados pomposamente centros de rehabilitación, sin mejora sensible alguna hasta ahora.

La izquierda siempre propuso la caducidad, por eso votaron en Montecristi, 89 a 0. ¿Serán tan sumisos los asambleístas de País para estar ahora porque se elimine la caducidad, o se la distorsione dejándola a voluntad de los jueces, porque todos los factores de poder que ayer gozaban los socialcristianos -y más- los controla el Gobierno?

En unos casos, por razones políticas, el caso de oficiales y ciudadanos actualmente presos por tentativa de magnicidio, sin evidencia alguna de la gravedad de esa acusación, lo demuestra; en otros casos por infame tráfico de influencias de detentadores del poder con jueces y fiscales sometidos, más delincuentes que muchos en prisión preventiva.

Para los que no acceden a influencias, que no se les ordene la prisión preventiva tiene precio, con el riesgo que el no pago les signifique no solo privación de la libertad, sino hasta violación sexual y otros riesgos monstruosos. De cada 100 en prisión preventiva, quizás 20 no la merecen y están humillados y vejados en las mazmorras. Para juzgarlos a ellos y a los 80 que deben ser condenados, se pidió en Montecristi adecuar la ley procesal penal para que las causas se resuelvan oportunamente, se impida y castigue- dilaciones procesales, que es lo que no ha hecho la Asamblea que controla Correa, por intermedio de Fernando Cordero.

Compatriota: no se deje arrastrar por el cuento, verdad que hay delincuentes que merecen, más que prisión preventiva, severas condenas, pero hay otros que trafican con la prisión preventiva, por eso la solución está en la justicia oportuna, no traficada desde los diversos niveles del poder.

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