El ministro de Industrias y Productividad, Ramiro González, indicó este martes 25 de agosto, que el país sí está en la posibilidad de darle un trato preferencial a los países de la Unión Europea (UE) para importar.
Ello, debido a que el pasado 18 de agosto del 2014, la
Comunidad Andina (CAN) abrió una investigación contra Ecuador, porque supuestamente el país estaría dando un trato preferencial a las naciones de la UE, y no a los andinos, por flexibilizar las normas de importación para estos.
Ante ello, en un plazo de 20 días, Ecuador presentará un documento al órgano regional en el que establecerá que el país, dentro de las regulaciones del ente y de la Organización Mundial de Comercio (OMC), puede dar tratamientos diferenciados “en función de los estándares de calidad”.
Esto último ya lo anunció el pasado 20 de agosto del 2014 el ministro de Comercio Exterior (e), Genaro Baldeón.
En entrevista con EL COMERCIO indicó que el Gobierno estaba definiendo una respuesta frente al tema y que Ecuador podía dar otro trato a un país o bloque, si se determina que este tiene altos estándares de calidad.
La mañana de este 26 de agosto del 2014, en una entrevista en el canal incautado Gama Tv, el ministro González ratificó este argumento y añadió que la OMC tiene una normativa que esablece que “si el país cree conveniente o considera que los productos de una región del planeta cumplen con normas de calidad, que pueden ser homologables, pueden darle otro trato sin problema”.
El funcionario indicó a los inversionistas y empresarios que el país persistirá en el modelo de fortalecimiento de la industria nacional, que ha impulsado el Gobierno hasta el momento.
Añadió que con el acuerdo comercial cerrado con la UE es necesario que Ecuador se prepare para vender productos procesados. Sin embargo, órganos dentro del mismo Estado como la Superintendencia de Control de Poder del Mercado ya hicieron un llamado de atención por el tema de flexibilización de las normas.
El pasado 22 de agosto del 2014 la entidad, a través de la recomendación 10, pidió al Ministerio de Industrias reformar o derogar el Acuerdo Ministerial 14241.
Dicho acuerdo, emitido el pasado 3 de junio del 2014, establece que para el caso de los productos europeos que llegan al país no es necesario que presenten certificados de conformidad, sino que basta una declaración juramentada, del productor o del importador.
El objetivo es que este documento avale que dicho ítem cumple con las normas de calidad nacionales. La Superintendencia argumenta que se debe derogar o modificar el Acuerdo, con el fin de prevenir y evitar posibles distorsiones a la libre competencia y garantizar la participación de los operadores económicos en igualdad de condiciones en el mercado ecuatoriano.
Así mismo, recomienda a los operadores económicos que podrían beneficiarse del acuerdo no caer en abusos del poder del mercado o en prácticas desleales o ilícitas.Ante ello el ministro de Comercio Exterior (e), Genaro Baldeón, indicó el 22 de agosto del 2014 a EL COMERCIO, que se está preparando una respuesta coordinadamente el Ministerio de Industrias.