15 de marzo de 2017 00:00

Ministerio de Vivienda tiene 90 días para regular pago de contribución

Armando prado/el comercio El Gobierno construye la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social en el sector de Quitumbe, en el sur de la urbe, junto a la Plaza Cívica Quitumbe.

El Gobierno construye la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social en el sector de Quitumbe, en el sur de la urbe, junto a la Plaza Cívica Quitumbe. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO

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Valeria Heredia

El Ministerio de Vivienda tiene 90 días para emitir el reglamento que permita cobrar la contribución especial de mejoras por la obra pública del Gobierno, fijada en la recién aprobada Ley para la Eficiencia de la Contratación Pública.

Con 79 votos a favor, la Asamblea se allanó el lunes 13 de marzo al veto parcial del Ejecutivo a esta normativa.

El texto, entre otras cosas, establece la creación de una contribución especial por mejoras para que el Gobierno recupere lo invertido por sus obras públicas, como una escuela, un hospital o una carretera.

Con esto, los contribuyentes en el área de influencia de la inversión pagarán un monto que no superará el 50% del beneficio generado por la obra.

Por ejemplo, si el precio de un inmueble en un sector deter­minado llegaba a USD 100 000 antes de que el Gobier­no construyera un puente, y luego de terminada la obra el precio de los predios beneficiados subió hasta 110 000, el contribuyente está obligado a pagarle al Estado una parte de la plusvalía generada (10 000).

De acuerdo con la Ley, la contribución de cada propietario no podrá superar el 50%, es decir, de USD 5 000 en el caso del ejemplo anterior.

Los recursos recaudados irán al Presupuesto General del Estado.

Para Jaime Rumbea, vocero de la Asociación de Promotores de Vivienda, este mecanismo es “la forma correcta de capturar la plusvalía que se genera a los bienes inmuebles por una obra pública”. Por eso, no se explica las razones por las que se aprobó otra norma conocida como la Ley de plusvalía, que tiene una meta similar: capturar la plusvalía.

A criterio del directivo, esta última propuesta distorsiona el mercado porque captura la plusvalía sin discriminar si la inversión es pública o privada.

Para gremios como la Cámara de la Construcción de Quito, la nueva contribución afectará, una vez más, al sector.

Su titular, Silverio Durán, indicó que la Ley de plusvalía (en vigencia desde diciembre) ya les afectó. Ahora se agrava con la Ley para la Eficiencia en la Contratación Pública. “Es un motivo más para que las personas pierdan interés en adquirir un inmueble”.

El asambleísta de Alianza País y presidente de la Comisión de Gobierno Autónomos Descentralizados, Richard Calderón, explicó durante el debate de la reciente normativa que la contribución ya existía, pero que el Gobierno no la aplicó por falta de herramientas. “No estamos obligando a que se cobre el impuesto, estamos homologando para que las entidades (gubernamentales), en función a la situación económica, cobren o no”.

La entidad que ejecuta la obra podrá disminuir la cuantía de la contribución o exonerar el pago en consideración de la situación económica del contribuyente, de acuerdo con las condiciones que serán establecidas vía Reglamento.

En el sector de Quitumbe, ubicado en el sur de Quito, el Gobierno construye la denominada Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social. Tras su inicio, la zona comenzó a dinamizarse y, por ende, la plusvalía aumentó, según relató Luis Sánchez, morador de la zona, quien compró un local en USD 35 000, cinco años atrás. Hoy, el inmueble supera los USD 50 000.

Él considera que la obra volvió más atractiva a la zona, lo que subió el valor de los predios. “Si el Gobierno puso este impuesto lo pagaré, pero sé que la zona mejorará a futuro”.

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