8 de febrero de 2018 00:00

La minería en Zaruma se quedó sin piso

Mineros trabajan en la empresa Bira Bienes Raíces, ubicada en el norte de Zaruma. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Mineros trabajan en la empresa Bira Bienes Raíces, ubicada en el norte de Zaruma. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil

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El triunfo del sí en la pregunta 5 de la consulta popular, referente a la prohibición de la minería metálica (extracción de oro, plata y cobre), genera preocupación entre quienes se dedican a esta actividad.

La incertidumbre gira en torno a cómo aplicará la prohibición. La pregunta modifica la Constitución, por lo que su aplicación entrará en vigencia cuando los resultados del referendo se publiquen en el Registro Oficial. Se prevé que esto ocurra en 15 días.

Trabajadores mineros como Édison Morocho y Martín Tamayo se lamentan del triunfo del sí a casi un kilómetro bajo la tierra. Mientras cargan la roca de donde extraerán oro, Morocho, de 23 años, dice que su única experiencia laboral ha sido en la minería.

Tamayo cree que la pregunta no debió incluirse en la consulta y por eso votó por el no.

Le preocupa que cierre la empresa donde labora, pues su familia depende del ingreso que genera. No conoce de un plan alternativo para el cantón en caso de que la actividad minera se frene.

La Carta Magna prohíbe, en el artículo 407, “la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles”.

Con el resultado electoral se enmienda la Constitución para que se prohíba, sin excepción, la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Es decir, las fases de exploración, extracción e incluso la comercialización. Además, la prohibición se extiende a centros urbanos.

Oscar Loor, gerente general de la empresa Biera Bienes Raíces y miembro del directorio de la Cámara de Minería de Ecuador, asegura que este resultado otorga potestad a los municipios de determinar los límites del centro urbano. Pero el directivo cree que no se parará el trabajo, “porque la minería no se puede cortar de la noche a la mañana por una mala interpretación de la ley”.

Para Hugo Macas, minero y miembro del Concejo Cantonal de Portovelo, la pregunta 5 no debió incluirse en una consulta nacional, sino municipal: “Hay gente que ni conoce ni le interesa la minería”.

En Portovelo ganó el no con 72,62% de votos; mientras que en Zaruma los resultados estuvieron cerrados: el sí ganó con 52,88% frente a 47,12% del no.

La actividad representa alrededor de 70% de la economía de esa localidad.

Para el alcalde de Zaruma, Jhansy López, el triunfo del sí refleja que en su cantón prima la preocupación de los ciudadanos por el cuidado de la ciudad por sobre la minería o el empleo que puede generar.

El burgomaestre explica la pregunta 5 afectará a un 5% de las concesiones mineras de la ciudad, que son las que se encuentran dentro del área limitada como urbana. Ese número de concesiones se ubica en el norte y sur de Zaruma.

Para el futuro, señala que es fundamental determinar cómo será el crecimiento de la ciudad y hacia dónde se enfocará la actividad extractiva. “En el caso de la minería es más que todo un trabajo de planificación en cuanto a la ciudad que queremos. Habrá que determinar los espacios para la vivienda y aquellos destinados a la minería para que no sean incompatibles”.

López exigirá la aplicación inmediata de la ley.
Zaruma, que es Patrimonio Cultural del Estado y donde se estableció una zona de exclusión, colapsó en el 2017 la Escuela La Inmaculada, por supuesta minería ilegal. Con el colapso de la edificación, en septiembre pasado, el presidente Lenín Moreno declaró Estado de Excepción que paralizó la actividad tres meses.

Carlos Medina, de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) de Portovelo, dijo que se paralizaron 49 concesiones mineras. Luego a través de una valoración técnica se liberaron 21 áreas que no tenían incidencia en la zona de exclusión; se cerraron 11 y en otras 11 se tomó medida de remediación.

Álex Márquez, representante de la Asociación Comunitaria y Minera Zaruma Gold, asegura que por la minería ilegal todos los demás se afectan. “Si todo está en regla el Ministerio debería dejarnos trabajar”.

De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas (SRI), la actividad en minas y canteras fue una de las que más creció en el 2017, con relación a otras como el comercio y el transporte. Aportó USD 717 millones al Estado en el pago de impuestos y regalías. El rubro subió 55,9% con respecto al 2016.

Mientras que el Banco Central de Ecuador proyecta que la actividad crecería del 1,5% en 2017 a 3,5% en este año.
Para el asambleísta de CREO por Azuay, Esteban Bernal, la pequeña minería y la minería artesanal no peligrarán.

Ana Ramírez, dueña de la Ferretería Americana, cuenta que entre septiembre y diciembre pasados sus ventas cayeron 50%.
Los mineros son sus principales clientes, pero cree que es positivo el sí: “No nos conviene que se afecte la ciudad”.

Este Diario consultó este 7 de febrero del 2018 al Ministerio de Minería sobre el alcance de la pregunta, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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