Redacción Ecuador
La actividad minera en el cerro Tamuga y en La Josefina, en Paute, fue tratada en la reunión que el presidente Rafael Correa mantuvo con los 15 alcaldes de Azuay y con el prefecto Paúl Carrasco. La cita fue el miércoles pasado.
Carrasco y los alcaldes de Paute, Gualaceo, Chordeleg y Sígsig se unieron para pedir que se retire a las mineras ilegales que explotan áridos en ese cerro. Esto, debido a las afectaciones y los riesgos de un nuevo desastre natural como el ocurrido en 1993.
Pese a las constantes suspensiones y decomiso de maquinaria por parte de la Dirección de Minería de Azuay, la actividad no se paraliza completamente.
Según el alcalde de Paute, Miguel Ferreño, hay mineros que otra vez sacan materiales del lecho del río Paute.
Él y Carrasco dijeron que un último estudio técnico determinó que el Tamuga se está moviendo y que obras como los muros de protección, ejecutados en 2004, se destruyeron por la antitécnica explotación minera.
Carrasco recordó que han remitido oficios al Ministerio de Minas, pidiendo declarar como zona de excepción, de utilidad pública o reserva especial. Para el último caso, el Ministerio debería entregar la competencia del cerro a la Prefectura y a los municipios cercanos.
De esa forma, los beneficiarios podrían extraer técnicamente los materiales para utilizarlos en la obra pública. Según el Prefecto, hay 16 empresas asentadas en la zona especial de manejo que tienen suspendidas la licencia de explotación.
Ante esos pedidos, Correa pidió a las subsecretarías de Minas y de Riesgos para que se reúnan con las autoridades azuayas y establezcan salidas definitivas. “Hay que actuar de forma inmediata. Ya basta de informes”.
Correa señaló que a los ilegales hay que aplicarles la Ley. La subsecretaria Nacional de Riesgos, María del Pilar Cornejo, admitió que pese a las recomendaciones técnicas de que solo se extraiga el material de la parte alta del cerro para estabilizarlo, eso no se ha cumplido. “Seguiremos insistiendo en ese pedido”.