11 de mayo de 2016 14:24

Militares en servicio pasivo presentaron acción de protección por los USD 41 millones del Issfa

Los militares en servicio pasivo acudieron al Consejo de la Judicatura para presentar una acción de protección frente al supuesto débito del dinero por los terrenos del caso Samanes. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

Los militares en servicio pasivo acudieron al Consejo de la Judicatura para presentar una acción de protección frente al supuesto débito del dinero por los terrenos del caso Samanes. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

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Evelyn Jácome

Unos 150 oficiales en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas marcharon por la avenida Amazonas, en el centro norte de Quito, para protestar en contra el Gobierno Nacional, la mañana de este miércoles 11 de mayo del 2016. Ellos se dieron cita en el Círculo Militar, ubicado en la avenida Orellana.

Luego de recorrer esa vía y la avenida Amazonas, ellos llegaron hasta las instalaciones del Consejo de la Judicatura, frente al Centro Comercial El Jardín. Ahí entonaron los himnos Nacional y de las Fuerzas Armadas y solicitaron una medida de protección en esa dependencia judicial. En el trayecto lanzaron gritos pidiendo la renuncia del ministro de Defensa, Ricardo Patiño.

De él, dijeron, rechazan las declaraciones en las que afirmaba que se había debitado los USD 41 millones que se pagaron por la venta de 66 lotes de terreno al Ministerio del Ambiente, para la construcción del parque Samanes. La venta se realizó en febrero del 2010.

Sin embargo, el coronel Bolívar Silva, miembro del Consejo Directivo del Issfa, quien habló en representación de los oficiales en servicio pasivo, aseguró que el débito no se realiza aún. Precisamente por eso, la primera acción fue solicitar la una medida cautelar frente a las declaraciones del Secretario de Estado.

La acción de protección evitaría lo que Silva calificó como amenaza por parte del actual Ministro de Defensa y aseguró que el dinero aún no ha sido debitado.

También Silva habló sobre la deuda de USD 361 millones que el Gobierno mantiene con el Issfa desde el 2014.

Wagner Bravo, delegado alterno al Consejo Directivo del Issfa por los oficiales, dijo que se trata de un aspecto legal que debe ser resuelto por jueces. “Precisamente el pedido es que se evite el débito del dinero mientras no haya una resolución de un juez.

Hasta el momento no hay ninguna documentación en la oficina de que se haya debitado los recursos. El proceso legal aún no ha terminado. Queremos que se respete la Ley”, señaló.
Informó, además, que ha pedido al Director del Issfa que entregue los movimientos financieros que se han hecho desde hace cinco días para poder comprobar si se debitó o no el dinero.

"Le pido al Ministro de Defensa que se cite al Consejo Directivo. Hay nueve puntos que no se han tratado. Uno de ellos el asunto de la devolución del pago en exceso de los USD 41 millones. Pero más importante para nosotros es la deuda de los USD 361 millones que el Estado tiene con nosotros', señaló. Si no se recibe una respuesta favorable se acudirá a su equipo de abogados quienes les dirán los pasos a seguir.

Bravo contó que él ha aportado 35 años y hoy, en su retiro, es beneficiario de las prestaciones por las cuales aportó mientras fue miembro activo. Pero debido a la deuda no se sabe cómo recibirá su pensión este mes.

Según los uniformados, la entrega de préstamos quirografarios e hipotecarios también se ha visto afectada. Esperan poder llegar a un acuerdo y que se presente un plan de pagos para retomar los préstamos.

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