3 de diciembre del 2016 00:00

Tres medidas cambian la liquidez de la banca

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Sebastián Angulo
Redactor(I)
negocios@elcomercio.com

El sector bancario tomó con sorpresa tres resoluciones que la Junta Monetaria y Financiera emitió la semana pasada. Una de ellas dispone el incremento del encaje bancario del 2 al 5% para las entidades que tengan activos por más de USD 1 000 millones, a partir de este 15 de diciembre.

Con esto, según la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), se buscaría inmovilizar otra parte de la liquidez que los bancos tienen depositada en el Banco Central del Ecuador (BCE), unos USD 750 millones.

A esto se suma otra resolución que modifica el cálculo del Coeficiente de Liquidez Doméstica (CLD), que implicará la repatriación de entre USD 400 millones y 500 millones, según estimaciones de la Asobanca.

Julio José Prado, presidente de Asobanca, explicó que esta resolución restringe aún más la liquidez de la banca en el exterior, la cual tiene dos propósitos: diversificar los riesgos y atender las operaciones internacionales del sector privado.

El fondo de liquidez se constituye en el país, explicó Prado, pero hay inversiones en Suiza y en el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR).

Con la medida –dijo Prado– para mantener el coeficiente de liquidez doméstica que exige el Gobierno, se tendrán que repatriar capitales del exterior.

En el documento de la Junta, del 24 noviembre pasado, se explica que el coeficiente de liquidez doméstica determina
la proporción de dinero que las entidades deben mantener en el país “para que esos recursos operen en beneficio de la economía nacional, reforzando los flujos monetarios y financieros internos”.

La medida, según la reso­lución 303-2016-M, aplicará desde inicios del 2017.

Para el exministro de Finanzas Fausto Ortiz, el impacto del aumento del encaje bancario es mínimo. “La banca tiene actualmente un exceso de encaje respecto del mínimo, por lo que no tendrá impacto en su liquidez”, añadió Ortiz.

No obstante, en el caso del nuevo cálculo del CLD, Ortiz sostuvo que esta medida sí tendrá un impacto. Ese dinero retornará al país y se podrá utilizar para colocar créditos, dijo, pero si no existe la demanda suficiente le quedará tres caminos: aumentar el saldo de depósitos en el BCE o invertir en bonos del Estado u otros instrumentos financieros.

También existe otra resolución que la banca ha considerado polémica. La Junta abre la posibilidad de que el Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Privado, constituido con aportes de los bancos, por USD 2 300 millones, pueda prestar hasta el 20% de su patrimonio al Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Popular y Solidario (Cooperativas).

Pese a que ambos fondos administrados por la Cosede se manejan en forma separada, Prado sostiene que esta resolución podría generar “un contagio del riesgo entre los dos sistemas, ya que se pretendería utilizar una parte de los aportes de la banca para financiar eventuales necesidades de liquidez de las cooperativas.

Antonio Acosta, presidente de Banco Pichincha, hizo una evaluación de las medidas y señaló que “no son medidas que están amparadas por ningún criterio técnico”.

Para Acosta, este tipo de disposiciones evidenciaría una “ne­cesidad de recursos para seguir financiando la caja fiscal”. “No se entiende que se hable de la necesidad de reactivar la economía y, en la mitad de ese proceso, se pretenda congelar USD 700 millones en el Banco Central”, declaró.

Sobre este tema, la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes) señaló que si bien el efecto inmediato de esa medida es nulo, el incremento en el encaje implica una restricción de la liquidez que los bancos pueden usar.

Finalmente, la banca también realizó observaciones sobre una resolución -emitida en octubre- que reduce o elimina tarifas en unos 15 servicios bancarios, como el costo de la emisión y renovación de las tarjetas de crédito o débito, y de la emisión de cheques.

Según el titular de Asobanca, esta decisión carece de sustento técnico y afectaría los ingresos del sector bancario en cerca de USD 50 millones.

Este Diario pidió el miércoles pasado una versión sobre las resoluciones a Patricio Rivera, presidente de la Junta Reguladora Monetaria y Financiera y ministro Coordinador de la Política Económica, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo una respuesta.

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