26 de agosto de 2014 00:05

Médicos negocian seguros con dos empresas

Oncología es una de las áreas sensibles para los médicos pues los pacientes se vuelven más vulnerables

Oncología es una de las áreas sensibles para los médicos pues los pacientes se vuelven más vulnerables.

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Diego Bravo.  Redactor
dbravo@elcomercio.com (I)

Los médicos buscan protegerse de las sanciones del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que entró en vigencia desde el 10 de agosto pasado en el país.

Contratar los seguros de responsabilidad profesional y civil, que les resguarden ante posibles denuncias contra ellos y en los casos en los que se tenga que pagar indemnizaciones por supuesta mala práctica profesional, es una alternativa.

Esta propuesta surgió dentro de las negociaciones sobre el artículo 146 con el Gobierno. Este señala que un profesional será sancionado con cárcel de 3 a 5 años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas.

En los pasillos de los hospitales públicos y privados del país había expectativa ayer porque este tema aún no ha sido resuelto. “Aún no tengo un seguro, pero ya estoy pensando seriamente en dejar la profesión”, precisa el oncólogo Fernando Checa, quien tiene 36 años de experiencia en los tratamientos contra el cáncer y trabaja en el Hospital de los Valles, en Cumbayá (afueras de Quito).
En su carrera se ha encontrado con casos de cáncer de todo tipo y estadío. Dice que dentro de los diagnósticos sí se pueden cometer errores.

El Ministerio de Salud, en comunicados difundidos en su sitio oficial señala que ante la preocupación de los médicos se firmó un convenio con la Defensoría Pública. La idea es “garantizar la defensa gratuita, cuando existan casos de acusación de mala práctica profesional contra los profesionales” que forman parte de esta Secretaría de Estado.
Además se asegura que el art. 146 del COIP “no pone en riesgo el ejercicio profesional”.

Los galenos buscan que los temores del gremio se resuelvan con la contratación de seguros por parte de los gremios que representan a los profesionales de la salud en el país.

Ayer, un emergenciólogo que ocupa ese cargo desde hace seis años en un centro de salud público esperaba que la Federación Médica Ecuatoriana (FME) escoja la empresa que se va a encargar de proveer los seguros de responsabilidad profesional y civil para ellos.

“Nosotros recibimos pacientes en estados críticos y que pueden fallecer en el área de emergencia”. Ha visto cómo los familiares de las víctimas amenazan a los galenos. “Eso se da en momento de tensión, pero luego tratamos de explicar la causa del deceso. No es nuestra culpa, solo tratamos de salvar la vida de la gente”.

Los montos de estos servicios cubren de acuerdo con la especialidad médica. En los casos de especialidades como neurocirujanos, por ejemplo, los pagos son de hasta USD
4 000 anuales por el seguro.

Alberto Narváez, secretario general de la FME, dice que esta entidad se ha contactado con firmas internacionales y dos españolas se han presentado al concurso.

Se trata de Uniteco y Ama. “Las dos casi nos han propuesto lo mismo. Esperamos que nos presenten una propuesta de cuáles van a ser las primas por especialidad y los montos de las indemnizaciones y las coberturas”. Los beneficiarios de este seguro serán los médicos que pertenecen a la FME y también se cubrirá a otros profesionales como enfermeras, odontólogos, etc.

La cobertura de los seguros abordan tres áreas. La primera es el asesoramiento jurídico cuando se presenten demandas contra los médicos. La segunda es cubrir el pago de las indemnizaciones económicas y finalmente entablar juicios de repetición para los galenos que ganaron las demandas planteadas contra ellos.

La FME también recibió la oferta de una empresa chilena que da servicios de asesoría legal. Sin embargo, “les pedimos una propuesta, nos dejaron una y no los volvimos a ver...”, manifiesta Alberto Narváez.

Se prevé que el contrato con una de las dos firmas interesadas se cierre a finales de septiembre. Luego se realizará una campaña de socialización para los interesados en adquirir los servicios de las compañías.

Juan Barriga, uno de los médicos que protestó el año pasado en el Hospital Pablo Arturo Suárez por la figura de mala práctica dice que el Estado debe cubrir los seguros.

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