25 de marzo de 2015 19:45

El matrimonio de menores esconde violencia y abuso

Liliana aparece con su hija de dos meses, en el cuarto en donde vive. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO.

Liliana aparece con su hija de dos meses, en el cuarto en donde vive. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO.

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Redacción Seguridad y Riobamba

La primera agresión ocurrió a la semana que empezaron a vivir juntos. Todo sucedió porque Wendy había salido con un amigo. Ella tiene 16 años y desde hace seis meses convive con un hombre de 28. Las primeras patadas no quedaron allí. Cuando se enteró que estaba embarazada, su pareja la insultó y exigió que abortara. La adolescente se negó y ahora tiene cuatro meses de gestación. Por eso, la semana pasada llegó a la maternidad Isidro Ayora para los controles.

Liliana vivió algo parecido. Antes de que se notara el embarazo se casó con un joven de 23 años. Ella tenía 14. Ya han pasado nueve meses de su boda y ahora vive en un cuarto con piso de cemento, en donde hay una cama, un televisor que desfigura las imágenes y un planchador que sirve de cómoda.

La mañana en que habló con este Diario estaba de mal humor. Pasó una mala noche. Se peleó con su esposo y recuerda que hubo insulto tras insulto.

Pero la agresión física y psicológica es solo un efecto detrás del matrimonio de menores.

También hay riesgos de que las niñas sufran abuso sexual, explotación y violencia doméstica provocada por suegras, cuñados u otros familiares.

Estas alertas se dieron cuando en la legislatura se analizan las reformas al Código Civil, para que se fije en 18 años la edad límite para casarse.Hoy, la norma permite que el hombre se comprometa desde los 14 y las mujeres a partir de los 12.

La idea de ese cambio es evitar esos delitos y otros como los matrimonios arreglados o forzados como ocurre con Juana.

Ella vive en una comunidad indígena de Chimborazo, apenas cumplió 15 años y espera un hijo luego de ser violentada sexualmente. Pese a eso su padre la forzó a casarse y le dijo que era para 'remediar' en algo 'el daño' ocasionado.

La psicóloga del centro a donde asiste la niña para sus terapia sabe que Juanaes víctima de violencia psicológica y que su padre también la agrede, pues la culpa del embarazo y por “deshonrar a la familia”.

Ninguno de estos casos ha llegado a los tribunales y una fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales dice que las menores de edad casadas o en unión libre casi nunca denuncian.

Eso pasa, porque las adolescentes necesitan un representante legal para presentar una denuncia o plantear un juicio. Pero hay casos, como en el de Juana, en que sus padres no ayudan o se ponen en su contra.

“Lo que podemos es dar asesoría legal, pero si el caso amerita un proceso es necesario un tutor o sus padres”, asegura Ángel Tamani, defensor público.

El año pasado, en la Fiscalía se reportaron, por ejemplo, 40 denuncias por corrupción de menores.

Y la fiscal sabe que una causa para el subregistro es también el desconocimiento que las menores tienen de sus derechos. Eso ocurrió con Wendy. Cuando se enteró que podía quejarse por lo que le hace su pareja solo preguntó: “¿O sea que si todos los días me dicen tonta puedo denunciarlo?. Ella dejó el noveno año de educación básica cuando supo del embarazo.

Datos del Registro Civil revelan que entre el 2009 y el 2014,
6 740 niñas y adolescentes contrajeron matrimonio en el país. En el caso de los hombres, la cifra se reduce a 1 089 menores.
Grant Leaity, representante del Fondo para la infancia de las Naciones Unidas (Unicef) en Ecuador, asegura que se trata de datos referenciales, pues hay un gran porcentaje de adolescentes que no registra la unión y convive en pareja.

Johana está en esa lista reportada al Registro Civil. En la foto que guarda de su boda se la ve vestida con un pantalón de tela y una chompa deportiva. Está parada de puntas e intenta besar a un hombre que le supera con 20 centímetros de altura y 10 años de edad. Se casó cuando tenía 14 años y ahora recuerda que durante los seis años hubo una vez que recibió una paliza.

Tuvo que usar maquillaje para ocultar las heridas del rostro. “Me separé cuando vi que mi hijo le tenía miedo a mi exmarido y lloraba cuando se me acercaba”.

Johana estaba en la Maternidad. Quería visitar a su hermana que se embarazó a los 15. Por las agresiones que ella vivió fue la única de la familia que apoyó para que ahora su hermana lleve el embarazo y que no se case.

Pero estos no son los efectos mayores. En el último informe sobre trata de personas en Ecuador, Unodc (oficina de la ONU contra las drogas y el delito) identificó a adolescentes de Santo Domingo, Quevedo y de comunidades indígenas que cayeron en redes de tratantes.

Las mafias “utilizan la figura del matrimonio para sacarlas de sus comunidades y luego prostituirlas”. En el 2013, la Fiscalía logró que un hombre sea sentenciado por prostituir un año a una adolescente. Eso ocurrió luego de que la sacara de su hogar, en Ambato, con la promesa de contraer matrimonio.

Los padres no denunciaron, porque lo único que sabían de su hija era que vivía en “unión libre”, en Quito. Cuando la menor se fue de la casa les dejó una nota en la que aparentemente les pedía que no la buscaran.

Pero un año más tarde su última hija de 15 años también desapareció. Esta vez los padres pidieron ayuda a la Policía y tras días de la búsqueda descubrieron que ambas estaban juntas.

Lo que no sabían era que las dos fueron captadas por una red de trata y que uno de los integrantes de la mafia intentaba subastar a la niña, pues tenía planes de prostituirla. Todo había comenzado porque las niñas salieron del pueblo aparentemente para casarse.

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