13 de febrero de 2016 14:40

Justicia boliviana ordena a exmilitares indemnizar a víctimas durante una matanza en 2003

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Agencia AFP

La justicia boliviana ordenó a cinco exjefes militares indemnizar con 1,1 millones de bolivianos (USD 158 000) a unas 30 víctimas o familiares por una matanza en 2003 que desembocó en la dimisión del presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada y su posterior huida a EE.UU., informó este sábado 13 de febrero un juez.

El juez de la ciudad de Sucre (sureste), Eduardo Gonzales, declaró probada la demanda planteada por 74 heridos y familiares de cinco fallecidos, quienes se distribuirán en diferentes cantidades un total de 1,1 millones de bolivianos.

La violenta represión militar se produjo en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, donde los habitantes rechazaron un intento de ese gobierno de exportar gas natural a Estados Unidos, usando puertos de Chile, país al que se le reclama una salida al mar.

"Se han dado montos individuales, la calificación se ha hecho de manera individual de acuerdo a los tiempos de permanencia en el hospital, los días de impedimento, el número de dependientes, los salarios que han acreditado y el trabajo que tenían”, explicó a la radio privada Erbol el juez Gonzales, sobe la valoración de los daños.

Los cinco sentenciados son Roberto Claros Flores, Gonzalo Alberto Rocabado, Juan Veliz, Luis Alberto Aranda Granados y José Oswaldo Quiroga Mendoza, quienes eran miembros del Alto Mando militar en 2003, cuando se produjo la matanza que dejó más de 60 muertos y 500 heridos.

El fallo también incluye a un exministro, aunque no se precisó cuál fue su responsabilidad directa.

Es la primera vez que la justicia boliviana establece un fallo por resarcimiento económico contra los exmilitares, quienes en 2011 fueron condenados a 10 y 15 años de prisión bajo cargos de violación de derechos humanos. El reclamo de indemnizaciones fue objeto de otro proceso.

El exgeneral Veliz, uno de los acusados, rechazó el fallo, pues arguyó que la responsabilidad debió recaer sobre los gobernantes civiles y agregó que no cuenta con recursos económicos para el pago, por lo que apelará a una instancia legal superior.

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