6 de December de 2009 00:00

Más acoso a la prensa en Colombia

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El Tiempo, Colombia, GDA

Colombia es de los pocos países de América Latina en los que los periodistas no tienen, al menos a la vista, mayores cortapisas legales para ejercer su profesión, a pesar de que ellos siguen estando entre los más silenciados por cuenta de las amenazas y la violencia de los grupos armados ilegales y funcionarios corruptos. Entre 1977 y 2008 fueron asesinados 136 periodistas, en muchos casos tras denunciar actos de corrupción, temas relacionados con la mafia y la violencia de paramilitares y guerrilleros. Esto  ha generado también decenas de secuestros y exilios.

En la Constitución de 1991 quedaron plasmados los derechos de los periodistas a informar y al sigilo (reserva de la fuente), secreto profesional periodístico que ya había sido tratado en la Ley de Prensa de 1944.

La prensa en Colombia y sus garantías para informar están amparadas en el art.  20 de la Constitución, que contempla el derecho “de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios de comunicación. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

Pese a esto, el periodista no cuenta con un respaldo legislativo para su oficio. En 1998, la Corte Constitucional eliminó la tarjeta profesional para los periodistas, argumentando que la exigencia de la misma era una forma de mordaza y censura y que el periodismo era más que una profesión, un arte. En diciembre del 2004 el gobierno del presidente Álvaro Uribe expidió la última ley relacionada con la prensa, que no toca temas esenciales.

Pese a estas leyes, y aunque han disminuido los casos de homicidio y amenaza, en los últimos años el acoso contra la prensa se ha incrementado. En las regiones, según  la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), los periodistas se ven abocados a no concluir las investigaciones por presión, muchas veces, de autoridades y funcionarios públicos. En   2005, por ejemplo, de las 64 amenazas reportadas ese año, el 90% obedeció  a publicaciones relacionadas con corrupción administrativa o paramilitarismo.

En los últimos años se ha incrementado un problema que incluso ha llamado la atención de la Sociedad Interamericana de Prensa: el uso de la tutela (mecanismo de amparo) para forzar rectificaciones o incluso para llevar a la cárcel a periodistas bajo cargos de delitos como injuria y calumnia, que son los alegados en las demandas contra los medios.

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