María Sol Larrea, exfuncionaria del IESS, admite tráfico de influencias

El 9 de enero se realizó una audiencia en contra de María Sol Larrea, en Quito. Foto: Alfredo Laga / Archivo EL COMERCIO

El 9 de enero se realizó una audiencia en contra de María Sol Larrea, en Quito. Foto: Alfredo Laga / Archivo EL COMERCIO

El 9 de enero se realizó una audiencia en contra de María Sol Larrea, en Quito. Foto: Alfredo Laga / Archivo EL COMERCIO

La excoordinadora nacional de unidades médicas del IESS, María Sol Larrea, está en la cárcel desde hace cinco meses. Y estará recluida otros siete hasta completar un año de pena por tráfico de influencias.

Pero en su contra también están abiertos procesos por posible peculado y enriquecimiento ilícito, que todavía se encuentran en investigación.

Las penas por tráfico de influencias van entre tres y cinco años, aunque Larrea accedió a una pena menor luego de que aceptara ser la autora del ilícito.

Larrea llegó a la coordinación en el 2012 y entre sus labores estaba la supervisión de los procesos de contratación pública en los hospitales del IESS.

Tres años después, la Contraloría la señaló en un examen en el que estableció una responsabilidad penal.

En el documento, que sirvió como base para que la Fiscalía General la investigue, se detalla una serie de irregularidades en una contratación efectuada por USD 2,9 millones.

La negociación se realizó para contratar un servicio de limpieza de los hospitales de Santo Domingo y Babahoyo.

En las conclusiones del examen realizado por la Contraloría se dice que Larrea solicitó la aprobación del gasto, pese a que las propuestas que presentó no permitían “determinar las necesidades de los servicios de limpieza (...)”.

Inicialmente, Larrea solicitó una inversión mayor a los USD 2,9 millones. Decía que se requieren USD 7,9 millones para un servicio de limpieza que operaría cinco años.

Señalaba que ese rubro significaría un ahorro de USD
812 436 para el IESS.

Durante la investigación, los auditores establecieron que la empresa “no cumplió con los requerimientos mínimos” para ganar el concurso.

En el examen se explica que de 17 oferentes, 12 no cumplían con los requisitos y que la ganadora tuvo un puntaje de 97,22 puntos sobre 100. La Fiscalía también indaga el proceso de selección de la empresa.

El pasado 8 de enero, el fiscal José Maldonado, quien investiga el tráfico de influencias, tomó la versión de Larrea desde la cárcel de Latacunga.

La exfuncionaria habló del proceso y dijo: “Yo sé y conozco que fue de interés del economista Ramiro González la adjudicación de este proceso a la empresa (que ganó), presionando a los miembros de la Comisión Técnica para su adjudicación”.

Luego de esta declaración se negó a contestar las preguntas del fiscal y de los abogados de González, quien era el presidente del IESS en el 2012.

El exfuncionario también es indagado en este proceso, pero está prófugo desde agosto pasado. De hecho, sobre él pesa una orden de captura.

Su abogado, Raúl Rosero, indicó a este Diario que no se pronunciará hasta que la Fiscalía lo acuse oficialmente, aunque aún no hay fecha para la audiencia en la que se conocerá si González va a juicio.

Iván Venegas, abogado de Larrea, dijo que tampoco se pronunciará sobre el tema.

A más de Larrea y González, 11 personas más están procesadas por tráfico de influencias.

Entre los indagados se encuentran autoridades que en el 2012 eran parte del Consejo Directivo del Seguro, representantes de la firma contratada y miembros de una Comisión Técnica y una subcomisión.

Las investigaciones determinaron que la empresa que ganó la adjudicación para la limpieza de los dos hospitales “no cumplió con todas las condiciones contractuales”.

En las casas de salud, los auditores detectaron que ni los insumos de limpieza se encontraban en stock y tampoco eran etiquetados ni envasados correctamente. Esta era una falencia más de la empresa.

Los equipos que usaban para la limpieza no operaban al 100%. Eso, por ejemplo, ocurría cuando se esterilizaban consultorios, emergencias, quirófanos, hospitalización, áreas administrativas, etc.

Los auditores incluso señalaron que el personal que cumplía con el servicio de limpieza tenía falencias en los dos hospitales. No se les capacitaba.

En un inicio, este caso se comenzó a investigar por presunto peculado (penado con cárcel de hasta 13 años) y luego pasó a tráfico de influencias.

Ramiro González

El expresidente del Seguro Social es indagado actualmente por tráfico de influencias y defraudación tributaria. En agosto pasado, la Fiscalía allanó su vivienda en Quito y las oficinas de Avanza, partido político que fundó y lideró González.

María Sol Larrea

La exfuncionaria fue detenida en el aeropuerto Mariscal Sucre en agosto. La Policía informó que tenía planificado viajar a EE.UU. junto con su familia. Su esposo fue condenado a tres años de cárcel por enriquecimiento privado no justificado.

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