27 de January de 2010 00:00

Una manifestación a favor de Aliz Borja

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Redacción Judicial

En la entrada principal del Hospital de Niños Baca Ortiz, unos 40 padres de familia y niños pidieron que Aliz Borja, esposa del Fiscal General,  regrese a esta casa de salud.

Aseguran que su ausencia interrumpió el tratamiento que siguen los pequeños  con cáncer. Erick Vargas, de 10 años, por ejemplo, tiene que realizare un trasplante de hígado. Su vida depende de esa intervención y Borja era la que tramitaba un viaje a Brasil, donde existe mayor posibilidad de encontrar un donante.

“Nosotros, personas humildes, no tenemos a quién más acudir”, refirió la abuela de Erick, Ruth Ramírez. Por eso ayer llegó con un cartel en la mano donde decía que Borja era inocente en el caso de la muerte de Natalia Emme.

Borja, quien se desempeña como jefa del Área de Oncología Pediátrica, solicitó permiso médico desde el 18 de enero. Ella fue acusada por testigos de conducir un Grand Vitara SZ blanco de la Fiscalía, sin placas, que arrolló y mató al instante a la joven colombiana Natalia Emme el 14 de enero.

Según la directora del Hospital, Alexandra Rosero, Borja es la única especialista con la que cuenta para tratar el cáncer en los niños. La medida de los padres terminó a las 10:30.
Además, un grupo de representantes de las juntas campesinas de la provincia de Chimborazo marcharon hacia la Asamblea Nacional, en apoyo al fiscal General del Estado, Washington Pesántez.  La marcha se inició en el parque El Arbolito, a unas cuatro cuadras de la sede del Legislativo. Raúl Bayas, dirigente de la organización, advirtió que ellos vigilarán el proceso que se  intenta abrir en la Asamblea en contra del Fiscal, ya que, según dijo a Radio City, existen intereses de sectores de romper la unidad jurídica, política y judicial que se ha creado.

“La politiquería actúa todo un tiempo (…). Vamos a conversar algunos puntos con los señores asambleístas y vamos a estar vigilantes de todo el proceso que se sigue”, expresó.

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