25 de December de 2009 00:00

El manejo de la reserva es discrecional

valore
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Redacción Negocios

Para que USD 865 millones de la reserva monetaria retornen al país y se inviertan en la banca pública, el Banco Central (BCE) hizo al menos siete modificaciones a su  plan  inicial, por orden superior.

Todo empezó cuando el presidente Rafael Correa dispuso que la reserva solo se invierta en la banca pública, dejando de lado al sistema financiero privado y al sector productivo. El 24 de septiembre, el Directorio del BCE aprobó el mecanismo general de inversión, acogiendo la orden del Ejecutivo de destinar esos recursos   a la  reactivación económica. Esta regulación debía acompañarse de una metodología de riesgos y un plan de inversión, pero hasta que esto se expida, la Gerencia podía invertir directamente.

USD 2 555 millones
es el monto total que elBanco Central tiene previsto invertir en la reactivación económica, a través de los bancos públicos.

Pero otro Directorio sería  el que apruebe las  regulaciones pendientes, ya que  la reforma a la Ley de Régimen Monetario, aprobada por la Asamblea el 22 de septiembre, cambió la conformación de este organismo. Antes eran delegados del Ejecutivo y desde entonces   son ministros de Estado.

El 14 de octubre se colocaron USD 55 millones en el Banco del Estado (Bede), a tres años y al 4% de interés. Se garantizó la inversión con un fondo de rentas que entregaban  los municipios.

En esos días, la Gerencia convocó a varias citas  a los delegados de  la banca pública. “Fuimos  claros en recordarles que era dinero público y uno de los objetivos de los bancos centrales era velar por la liquidez del sistema.  A fin de colocar adecuadamente los recursos exigimos garantías que aseguraran su recuperación. Todos estuvieron de acuerdo”, dijo Karina Sáenz, ex gerenta del BCE.

El 24 de octubre, el Ejecutivo ordenó que las utilidades del Central se transfieran a Finanzas,  lo cual  redujo su  patrimonio. Inicialmente, los técnicos recomendaron que esta  utilidad cercana a los USD 380 millones  se invierta sin garantías y a largo plazo en la banca pública. “Era lo   óptimo y no hubiera comprometido dinero de terceros”, dijo Sáenz. Esta baja  del patrimonio a   USD 600 millones limitó la acción de la reserva. El art. 72 de la Ley de Instituciones Financieras establece, entre otros límites, que ninguna institución  realice operaciones que excedan el 10% del patrimonio… 

La  limitante obligó a pedir un criterio a la Junta Bancaria (JB). Esta  resolvió, el 11 de noviembre, que las inversiones que se realicen para el desarrollo del país estén amparadas en cinco artículos de la Constitución y el BCE quede exento de las limitaciones de la Ley. El  articulado ordenó que la política económica, a cargo del BCE, oriente los excedentes de liquidez al desarrollo del país. 

El 18 de noviembre, el Directorio conoció el pronunciamiento de la JB y aprobó la metodología de riesgos presentada por Janeth Moscoso, directora de Riesgos.  Allí recomendó que los bancos entreguen garantías de hasta 125% para proteger la inversión. Para el caso del Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) se pedía una garantía del Ministerio de Finanzas por su insuficiencia patrimonial. A noviembre, el patrimonio del BEV fue de USD 73 millones frente a USD 200 millones que el BCE prevé invertir ahí.

De forma unánime, los ministros aprobaron que las garantías bajen al 100% y el plazo de tres años propuesto por la Gerencia se amplíe a ocho años.  Camilo Samán, delegado de las entidades financieras públicas, incluso, planteó que la cartera de los bancos quede a discrecionalidad del BCE, como respaldo.

Actualmente, el esquema de garantías es usado por todos los bancos públicos y privados. El Banco Nacional de Fomento (BNF) requiere, para operaciones de redescuento, garantías del 120%.  El BEV solicita a sus clientes 140% sobre el monto del crédito solicitado. El IESS mantiene garantías en inversiones a largo plazo tanto en la CFN como  en el Bede.

Este criterio fue corroborado por Pedro Delgado, asesor presidencial, pero en un oficio del 4 de diciembre alertó al Presidente y al ex titular del BCE, Carlos Vallejo, que “el requerimiento de garantías previo al desembolso podría, en algunos casos, demorar la transferencia de recursos”. Y  añadió que en una “conversación  con la Ministra de Finanzas (María Elsa Viteri), ella considera que es necesario   mantener un requerimiento de garantías mínimas”.

Frente a ello, Delgado sugirió que, dada la preocupación del Presidente de que se cumpla el compromiso de invertir en el país de forma inmediata (hasta el 9), el Directorio solicite de forma urgente una reforma al art. 160 de la Ley de Mercado de Valores. 

Esto con el fin de que cualquier entidad pública pueda emitir títulos de renta fija, negociables en el mercado bursátil. Con esto, en cualquier momento estos papeles se podían hacer líquidos y no esperarían a su vencimiento y así asegurarían la liquidez.

Mientras esta reforma se efectivizaba, planteó que las inversiones mayores a 180 días estén  obligadas a entregar, entre 15 y 30 días luego de realizada la operación, una garantía. “En este caso, el requerimiento de garantía se justifica por cuanto las operaciones que se estarían realizando son de mediano y largo plazos…”.

Vallejo viajó a Venezuela y no convocó a reunión para tratar este tema, pese a que el plazo vencía el 9. El 5 de diciembre, en cadena radial, el Presidente no esperó más y dispuso que las inversiones se  realicen sin garantía y a una tasa del 2%. El Directorio se reunió  el 10 y acogió todo lo que el Ejecutivo ordenó. Para esto, la gerente y los directores de área ya presentaron su dimisión, cuando sus informes no eran vinculantes, sino  recomendaciones técnicas que el Directorio acoge o rechaza. 

Ese día, Viteri se limitó a decir que “en todos los directorios ha votado siempre de acuerdo a la conveniencia del país y todo lo que se hace está de acuerdo con la normativa”.   El resto de ministros  se alineó a la orden presidencial y pese a  no cumplir  el plazo no presentaron sus renuncias.  

Un día después, el ministro Diego Borja anunció que USD 450 millones ya fueron desembolsados a la CFN, Bede y BNF. Esto pese a que días atrás se había previsto desembolsos de acuerdo con la capacidad de colocaciones de crédito de cada entidad. 

Luego, Jorge Wated, titular  de la CFN, dijo  que la entidad requería   USD 20 millones semanales.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)