Desde el 2014, la PJ destruye los carros recuperados que no han sido reclamados. Foto: ARCHIVO / El Comercio
En un extenso canchón de tierra en las afueras de Quito están enfilados decenas de vehículos de diferentes marcas y modelos. Hay camiones, autos y taxis. Todos tienen una característica similar: sufrieron fuertes choques. Las aseguradoras los reportaron como “pérdida total” y saldrán a remate.
Cada 15 días, en ese complejo se subastan lotes de carros accidentados. Mecánicos y comerciantes asisten en su mayoría a estas pujas. Reparan las unidades y luego las venden, un negocio legal, pero que ahora está en la mira de la Policía.
Agentes de Inteligencia identificaron grupos delictivos dedicados a comprar estos vehículos. Según las investigaciones, los sospechosos copian los datos del chasís y del motor y los colocan en carros robados.
Son organizaciones bien estructuradas, revela el general Ramiro Mantilla, comandante de la Policía de Quito en una entrevista con EL COMERCIO. Luego del denominado ‘gemeleo’ (copia de datos), las mafias llevan los autos a otras zonas del país, los matriculan en oficinas provinciales y los venden. Así concluye el proceso de “legalización” .
En la Policía preocupa este nuevo fenómeno delictivo. Lo relacionan directamente con el incremento de robos de vehículos en Quito durante el último año. El Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana registró en el 2014 2 678 denuncias por este delito; 253 más que en el 2013.
En las investigaciones, Inteligencia detectó que “la mayor parte” de carros sustraídos son clonados usando la información de los accidentados.
Los uniformados incluso conocen casos en que las mafias compran primero autos siniestrados y luego rastrean otro con similares características para robarlo y clonarlo.
¿Fallan los controles de seguridad en los procesos de subasta? ¿Quién puede comprar un auto chocado? Patricio Salas preside la Asociación de Compañías de Seguros del Ecuador. (Acose).El funcionario asegura que en un remate de este tipo las empresas solicitan documentación como en cualquier otro trámite legal. “Se le hace una carta de transferencia sobre los derechos del vehículo. Conocemos quién adquiere el bien”.
Pese a este proceso, Salas no descarta que las organizaciones delictivas pudieran aprovechar estos remates para luego reemplazar los datos en unidades robadas. “Si hay una inquietud por parte de la autoridad sería bueno conversar con ellos para conocer la situación y tomar correctivos”.
Hace un año, la Policía ya comentó a la Asociación su temor por esta modalidad. Sin embargo, Salas dice que “no se finiquitó nada”. Ahora los uniformados insisten en cambiar los protocolos de remate de carros accidentados en el país.
Desde la Policía se plantea chatarrizar los vehículos que las aseguradoras declaren como pérdida total y eliminar sus datos de la base de Agencia Nacional de Tránsito. Por ahora, esa propuesta se analiza en el Ministerio del Interior.
Datos de Acose refieren que del 100% de automotores siniestrados en el país, solo al 5% se lo declara como pérdida total, característica imprescindible para que se lo subaste.
En las investigaciones, los agentes también identificaron que las mafias utilizan mecánicas clandestinas para clonar los automotores. En enero pasado, por ejemplo, los uniformados descubrieron en el sur de Quito un garaje donde aparentemente desmantelaban los vehículos. Un mes después localizaron en un taller una camioneta con las series del motor y del chasís adulteradas.
Además de la modalidad conocida como ‘gemeleo’, en la Policía Judicial saben que un pequeño porcentaje de carros robados son desmantelados para comercializar sus piezas o trasladados a las áreas rurales.
En Quito hay al menos tres empresas que se dedican a la subasta de vehículos accidentados. Una de estas compañías tiene más de 20 años en el mercado. Trabaja con seis aseguradoras. Cada semana llegan a sus oficinas vehículos accidentados. Antes de la subasta, los empleados verificaban los datos de los personas que participarán en la puja. Las transacciones solo se realizan a través de cheques certificados para tener registros de los compradores. El monitoreo concluye cuando los futuros dueños cancelan el 1% en el Servicio de Rentas Internas por valor de transferencia de dominio, el paso previo a la matriculación.
La administradora de ese establecimiento incluso asegura que la Unidad de Análisis Financiero controla esta actividad para evitar que dinero ilícito se utilice en las transacciones. Esto porque hay personas que compran dos o más vehículos y superan los USD 10 000.
Tampoco descarta que las organizaciones delictivas puedan infiltrarse en los procesos de remate. Para ella “ningún sistema es perfecto”.